El documento siguiente es Carta de Intención del gobierno de Uruguay, que describe las políticas que Uruguay se propone implementar el contexto de su pedido la ayuda financiera del FMI. El documento, que es propiedad de Uruguay, está siendo puesto a disposición del público en el sitio web del FMI por acuerdo con el miembro como servicio para los usuarios del sitio web del FMI

Sr. Horst Köhler
Director Gerente del
Fondo Monetario Internacional
Washington, Dc 20431

Estimado Sr Köhler:

El ajunto memorándum de políticas y los anexos agregados describen las políticas económicas y los objetivos del gobierno de Uruguay para el período 2002-03, en apoyo de los cuales el gobierno solicita del Fondo un acuerdo stand-by de 24 meses por una cantidad equivalente a SDR 594,1 millones.

El gobierno también está solicitando la aprobación del acuerdo stand-by de 22-meses por, quparte del Fondo, el que fue aprobado por el Comité ejecutivo el 31 de mayo de 2000 y expira el 31 de marzo de 2002. En 2001, la economía continuó siendo afectada por los acontecimientos externos adversos que contribuyeron a una caída en la renta nacional por tercer año consecutivo, lo que dio lugar la inobservancia de los criterios de comportamiento del déficit del sector público. La prefinanciación de las necesidades de préstamos del año 2002 contribuyó a la inobservacia de los criterios de comportamiento previstos para los límites de endeudamiento. Bajo estas circunstancias, el gobierno está solicitando una dispensa en relación a los criterios de comportamiento que resultaron inobservados.

El gobierno cree que las políticas descritas en el memorándum adjunto para el período 2002-03 promoverán el crecimiento sostenible de la producción y del empleo en condiciones de baja inflación y viabilidad externa, mejorarán la eficiencia de la economía en general y en el sector público en particular, y permitirán atender necesidades sociales prioritarias. Durante el período del acuerdo, las autoridades de Uruguay mantendrán estrechas relaciones con el Fondo y consultarán sobre la adopción de cualquier medida que pueda ser necesaria, de acuerdo con las prácticas del Fondo en tales consultas. Las revisiones del programa serán realizadas con el Fondo no más allá de septiembre 200,2 diciembre de 2002, marzo de 2003, septiembre de 2003, y marzo de 2004.

Sinceramente,

/s/

Cesar Rodriguez-Batlle Alberto Bension
Presidente Banco Central de Uruguay Ministro de Economía y finanzas

1. Uruguay hizo frente a condiciones económicas difíciles en 2001 en medio de un descenso en la actividad económica que provenía de los dos años anteriores. Las exportaciones fueron afectadas por un brote de fiebre aftosa que detuvo las exportaciones de carne durante la mayoría del año (la carne y las exportaciones relacionadas explican cerca de 20 por ciento de exportaciones totales del país). En el mismo tiempo, la profundización de la crisis de Argentina debilitó la confianza, incitando a la precaución a consumidores e inversionistas, y haciendo descender la demanda doméstica en términos reales por tercer año consecutivo. Se estima que el PBI real descendió un 2 por ciento en 2001 y el índice de desempleo alcanzó el 14,9 por ciento. La inflación de los precios de consumo terminó el año en 3,6 por ciento, la tasa de inflación anual más baja en décadas.

2. Los criterios cuantitativos de comportamiento del programa apoyado por el Fondo de finales de diciembre 2001 fueron observados, a excepción del déficit fiscal y de los objetivos en materia de deuda del sector público. El déficit consolidado del sector público alcanzó 4 por ciento del PBI comparado con el objetivo del programa que era el 3,3 por ciento. El déficit superior a lo programado fue explicado principalmente por una caida en la recaudación de impuestos al consumo y los efectos de los beneficios fiscales otorgados a los sectores más afectados por la fiebre aftosa. El objetivo nominal del gasto del sector público programado fue alcanzado con un margen de cerca de 2,5 por ciento.

3. El gobierno mantuvo buen acceso al mercado financiero en 2001, colocando cinco emisiones internacionales de bonos por un total de alrededor de USS 1.100 millones en una spread medio de 240 puntos básicos respecto de los correspondientes bonos del Tesoro de los E.E.U.U. Además, el gobierno recurrió al mercado interno. La deuda pública, que se nominada fundamentalmente en dólares de EEUU, se elevó al 52 por ciento del PBI hacia el fin de 2001, reflejando sobre todo los efectos de la depreciación real del Peso en relación al dólar de EEUU y a la acumulación de reservas internacionales. El techo del programa een deuda pública fue excedido en USS 41 millones en parte debido a la prefinanciación de las necesidades de préstamos de 2002.

4. El Peso estuvo bajo presión a través del año. En junio, el Banco Central duplicó el ritmo de depreciación de la banda cambiaria, llevándolo a 15 por ciento anual y ensanchó la benda del 3 al 6 por ciento. El Peso quedó sujeto a presión renovada después de los ataques del 11 de septiembre y nuevamente hacia el fin del año, reflejando la turbulencia de la Argentina. Uruguay continuó atrayendo depósitos no residentes en 2001, que se elevaron de USS 1.300 millones a USS 6.600 millones para el fin del año. El sistema bancario resistió las difíciles condiciones económicas relativamente bien, aunque al comienzo de surgieron problemas en los dos bancos privados más grandes del país, ambos con estrechos vínculos con la Argentina. Uno de los bancos experimentó problemas de la liquidez, mientras que el otro fue afectado por un fraude. El gobierno tomó medidas inmediatas para atender los problemas de estos bancos, pero se produjeron salidas importantes de depósitos, contribuyendo a una caída de las reservas internacionales del Banco Central. Además, el estatal Banco Hipotecario (BHU), incurrió en pérdidas a causa de incongruencias entre activos y pasivos.

5. Se estima que el déficit de cuenta corriente externa se ensanchó a 3,1 por ciento del PBI en 2001 (unos USS 590 millones). Las exportaciones de mercaderías cayeron por 10,7 por ciento en términos dólares de EEUU (9 por ciento en volumen), reflejando los efectos de la fiebre aftosa y de la retracción de la demanda regional, mientras que las importaciones declinaron un 11 por ciento en valor y un 8 por ciento en términos de volumen. El balance de los servicios declinó marcadamente reflejando una caida aguda del turismo. En la cuenta de capital, la inversión extranjera neta creció a USS 320 millones, con las afluencias dirigidas sobre todo hacia el sector, hotelero, comercio y forestación. Los ingresos de portafolio fueron dominadas por la colocación de los bonos del gobierno en el exterior, continuaron siendo fuertes y se registró una afluencia neta de depósitos de no residentes en el sistema bancario. La balanza general de pagos registró un exedente en 2001 y las reservas brutas del Banco Central se elevaron a casi USS 3.100millones a finales de 2001, equivalente a un año de importaciones o a 115 por ciento de la deuda de corto plazo sobre una base de madurez residual. La deuda externa, pública en su mayor parte, ascendió a 48,8 por ciento del PBI a fines de 2001.

6. Las dificultades económicas han estimulado lael discusión sobre la urgencia de reformas estructurales en Uruguay. Durante 2001, el gobierno fortaleció la transparencia en el sector público financiero y no financiero, desreguló mercados, y profundizó la reforma del sistema de Seguridad Social. Los dos puntos de referencia estructurales para fines de 2001 fueron alcanzados, incluyendo la presentación al Congreso de leyes para reformar los fondos de jubilación especiales para los profesionales universitarios y la policía, y la liberalización de la importación de los productos del petróleo, como parte de una ley que reestructuró el mercado de petróleo en Uruguay que fue aprobada a finales de 2001. Esta ley: (i) permite que la compañía petrolera del estado (ANCAP) busque un socio privado para sus operaciones, incluyendo la refinería de petróleo local y la argentina, (ii) alinealos precios domésticos del petróleo con los precios internacionales para marzo de 2004, y (iii) suprime inmediatamente el monopolio de ANCAP en la importación del petróleo crudo y prevé la eliminación del monopolio de los derivados del petróleo antes de enero de de 2006. El gobierno privatizó uno de los dos bancos intervenidos restantes, La Caja Obrera, que fue adquirido por Banco de Montevideo con ayuda financiera de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

7. Uruguay ha sido afectado por choques adversos externos y sucesivos con el resultado de una recesión prolongada y un ascenso del desempleo. Estos choques, que llegaron a ser más severos después de que la Argentina introdujera la congelación de depósitos a finales de 2001, han contribuido a una declinación gradual de la renta nacional medida en los dólares de EEUU y a un aumento significativo de la deuda pública en proporción al PBI y últimamente a las presiones en el sistema bancario. El gobierno está fuertemente comprometido en enfrentar los desafíos planteados por estos problemas, y ha adoptado ya medidas significativas en varias áreas para atenderlos, incluyendo particularmente el sistema de actividades bancaro. Apoyo social y político de amplia base se ha asegurado para este esfuerzo. La ayuda de la comunidad financiera internacional también será necesaria, incluyendo un nuevo acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional.

8. El programa económico del gobierno apuntalará la recuperación de la actividad económica y la baja del desempleo, mientras atiende las necesidades sociales, mantiene la estabilidad de los precios, procura una economía más competitiva, y consolida el sector externo. Las medidas de política se focalizan en el fortalecimiento del proceso de consolidación fiscal, manteniendo saludable el sistema de bancario e intensificando las reformas estructurales particularmente con respecto a los bancos públicos y a la desregulación de la economía. La tasa de cambio continuará absorbiendo los choques de la competitividad mientras que instrumentos adicionales de política monetaria serán desarrollados. Tal marco ayudará a Uruguay a reducir al mínimo los efectos de contagio de la crisis argentina.

9. Estas políticas son parte de una estrategia total para liberalizar la economía de Uruguay en el mediano plazo, y permitir un crecimiento más rápido de la productividad y por lo tanto de la actividad económica. Estas condiciones abrirán y diversificarán la economía, dando por resultado un mayor papel de las exportaciones y de los servicios transables que serán animados más a fondo por los acuerdos comerciales adicionales que deben ser negociados. El papel del sector público en la economía será reducido con la apertura de un número creciente de actividades a la competencia con el sector privado y a una compresión continuada de los costes del sector público. Estas políticas, junto con una simplificación del sistema fiscal y una reducción de la burocracia, darán paso a un sector privado más dinámico.

10. La crisis de Argentina está generando problemas en el sector financiero y los sistemas de pagos, una caída en los ingresos por concepto de turismo y el cierre de mercados argentinos para los productos uruguayos. Estos hechos ejercen una presión descendente sobre la producción, y el PBI real habrá de descender en el primer semestre de 2002. No obstante, con la reapertura gradual en curso de los mercados a las exportaciones de carnes, los efectos positivos de la depreciación real del Peso, y la recuperación de la confianza, el gobierno espera que el crecimiento de la producción sea positivo hacia fines del año y que aumente sustancialmente en 2003. En términos anuales, el PBI real descendería en torno de 1¾ por ciento en 2002, pero crecería al menos 3 por ciento en 2003. La presión sobre los precios internos derivada del ritmo acelerado de la depreciación del Peso se compensará parcialmente por los efectos de la disminución de la demanda interna y la moderación de los incrementos salariales tanto en el sector privado como en el público (ver abajo). La inflación no superará el 10 por ciento durante 2002 y se proyecta que descenderá a aproximadamente el 8 por ciento durante 2003. El déficit de cuenta corriente externa descendería del entorno de 1 punto porcentual del PBI al 2 por ciento del PBI en 2002 y 2003, en gran medida debido a una mejora del ahorro público.

11. En respuesta a la devaluación del Peso argentino en enero de 2002, el gobierno duplicó el ritmo de depreciación de la banda cambiaria a un ritmo anual del 33 por ciento y el ancho total de la banda al 12 por ciento. El programa supone que esta situación se mantendrá hasta fines del año. Sin embargo, el gobierno consideraría reducir el ritmo de la depreciación, a partir del segundo semestre de 2002, si así lo permiten las circunstancias económicas internas y externas.

12. El fortalecimiento de las finanzas públicas es esencial para asegurar una situación fiscal sostenible a mediano plazo en el contexto actual de restricciones financieras más rigurosas y una mayor carga de la deuda derivada de la depreciación real del Peso frente al dólar de EEUU. En estas circunstancias, el gobierno pretende reducir el déficit del sector público del 4 por ciento del PBI en 2001 al 2,5 por ciento del PBI en 2002, equivalente a una reducción en el déficit primario (sin intereses) del sector público de aproximadamente 2,3 puntos porcentuales del PBI. El déficit del sector público se reducirá aun más a un máximo de 1,5 por ciento del PBI en 2003, y el equilibrio fiscal será alcanzado en 2004, con el superávit primario aumentando del 1 por ciento en 2002 al 2,6 por ciento del PBI en 2003 y al 4,2 por ciento del PBI en 2004. La sostenida moderación del gasto será el instrumento clave de la estrategia fiscal de mediano plazo, mientras los incrementos tributarios serán minimizados a corto plazo en vista de la aún frágil recuperación de la actividad económica, y la de por sí elevada proporción de impuestos frente al PBI.

13. Se programa una caída en el gasto sin intereses de casi 1,5 punto porcentual del PBI a 31,7 por ciento del PBI en 2002. Los salarios del gobierno central (que comprenden aproximadamente un quinto del gasto total) aumentaron 1,5 por ciento en enero y no aumentarán más durante el año. Los desembolsos por concepto de seguridad social (casi la mitad de todo el gasto) están indexados con respecto a los salarios promediales de la economía, y fueron incrementados 3,6 por ciento en enero. Asimismo, se están aplicando una serie de medidas, entre ellas: (a) reducción de los servicios contractuales; (b) aplazar la ocupación de cargos creados por la ley presupuestal; (c) reducir las horas extraordinarias; (d) reducir los gastos de viaje de los empleados públicos; (e) reducir los costos de arrendamiento; (f) un paquete de medidas de reducción del costo adoptadas por decreto en febrero, (g) recortes en subsidios para el sector forestal y en bonificaciones para el personal militar en el extranjero aprobados por el Parlamento en febrero; (h) un proyecto de ley recientemente enviado al Parlamento que elimina un ente autónomo y elimina gradualmente las garantías gubernamentales; y (i) limitar el ritmo de aplicación del presupuesto. Para 2003, el gobierno mantendrá la política de moderación en el gasto, incluso en los salarios. Esto, conjuntamente con recortes adicionales del gasto discrecional, asegurarán un descenso ulterior del gasto sin intereses a nivel del gobierno nacional a menos del 30 por ciento del PBI. Al mismo tiempo, los gobiernos locales están tomando medidas para eliminar sus deudas y el pequeño déficit contraido en 2001.

14. Los recortes del gasto no afectarán el gasto social, cuya proporción (excluyendo las jubilaciones) con respecto al PBI seguirá en el entorno del 10 por ciento del PBI durante el lapso del programa. Continuarán los esfuerzos para reforzar la administración de los programas sociales y mejorar sus objetivos, incluyendo los esfuerzos para: (i) asegurar la matrícula plena de los niños en edad de escuela primaria, (ii) ampliar la cobertura de los programas de alimentos, la asistencia por desempleo y la asignación familiar, y (iii) crear nuevos programas dirigidos a la tercera edad, los niños preescolares y las familias dirigidas por mujeres.

15. Se proyecta que los ingresos consolidados del sector público aumenten 1 punto porcentual del PBI en 2002 a 32,4 por ciento, a pesar de la persistencia de la recesión y el descenso en términos reales de los aportes a la seguridad social, derivados del menor ritmo de incremento salarial de la economía. El incremento en los ingresos refleja los efectos de: (a) un paquete tributario que fue aprobado por el Parlamento en febrero e incluye un incremento del impuesto salarial; un impuesto a las llamadas telefónicas internacionales y a las llamadas por teléfono celular, a los cigarrillos, a los jugos y a los concentrados de frutas; una ampliación de la base del IVA que abarque al vino, los juegos de lotería, los intereses sobre los préstamos, y los insumos del sector forestal; la eliminación de vacíos legales en el IVA; el impuesto al patrimonio neto; y el impuesto a los activos bancarios, y una tasa consular del 2 por ciento a las importaciones; y (b) ingresos por la concesión de frecuencias de telecomunicaciones y tiendas libres de impuestos en aeropuertos. Al reflexionar sobre los efectos para todo el año de las medidas recién aprobadas, se proyecta que la relación entre el ingreso consolidado del sector público y el PBI permanecerá aproximadamente al mismo nivel en 2003, a pesar de la ausencia de ingresos excepcionales como el arrendamiento de frecuencias de telecomunicaciones.

16. Para asegurar la continuidad de una buena gestión en el área impositiva a mediano plazo, el gobierno presentará al Parlamento antes de fines de 2002 una propuesta para reformar el IVA dirigida a ampliar su cobertura y armonizar su tasa (punto de referencia estructural). Esto permitirá una reducción del tipo máximo del IVA y la eliminación de otros impuestos que distorsionan la distribución de recursos y dificultan las perspectivas de crecimiento. Simultáneamente, el gobierno preparará un estudio de una reforma más integral del sistema tributario, con la asistencia del Fondo y de otros organismos internacionales. El principal objetivo de esta reforma será el de simplificar el sistema fiscal, incluyendo la eliminación de algunos tributos, la ampliación de la cobertura de otros, la reducción en los montos impositivos y la eliminación de vacíos legales, desalentando, por esta vía, la evasión fiscal. La reforma habrá de crear las condiciones para reforzar la administración tributaria y aumentar la recaudación impositiva, lo cual asegurará la consecución del superávit primario que se pretende.

17. Se proyecta que las necesidades brutas de crédito del gobierno representarán aproximadamente USS 1.500 millones en 2002. Tomando en cuenta los créditos esperados del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial de al menos USS 300 millones, y los USS 250 millones obtenidos por una emisión internacional de bonos a fines de 2001, el plan de financiación proyecta la necesidad de obtener créditos en el mercado en 2002 no superiores a USS 950 millones. De ese monto, aproximadamente USS 300 millones se obtendrán por la vía de emisiones internacionales, y el resto, equivalente a la refinanciación de valores nacionales vencidos en 2002, se colocarán en el mercado nacional. Entre los inversores locales, los más importantes son los fondos jubilatorios (AFAPs), que reciben unos USS 150 millones en aportes por año. Se proyecta que los requisitos brutos de crédito disminuyan levemente en 2003 a casi USS 1.400 millones, lo cual refleja principalmente un incremento en los pagos de amortización.

18. Debido a las consecuencias de la depreciación real del Peso y al déficit fiscal, la proporción de deuda pública frente al PBI se incrementará durante el lapso del programa. Para limitar el incremento de la deuda, el gobierno diseñará, al momento de la primera revisión (punto de referencia estructural), un programa para vender activos públicos, como está proyectado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que será implementada durante 2002-04. La proporción entre deuda pública y PBI aumentaría al entorno del 65 por ciento en 2003-04, antes de descender posteriormente. El gobierno otorga gran importancia a la creación de condiciones para revertir cuanto antes la tendencia ascendente de la deuda. Esto reforzará la confianza del mercado en Uruguay y permitirá que la deuda soberana de Uruguay recupere su grado inversor, lo cual, a su vez, contribuirá con la consolidación fiscal al contener el crecimiento de la cuenta de intereses del gobierno. La estrategia en curso de profundizar los mercados de capitales de Uruguay, junto con el crecimiento en tamaño de los fondos administrados por los fondos de jubilación (AFAPs), debería ayudar a mejorar la liquidez de la deuda nacional. El gobierno también planifica presentar bonos indexados al IPC. Para facilitar este proceso, el gobierno presentará y publicará una unidad financiera indexada al IPC (Unidad Indexada, UI), a más tardar a fines de septiembre de 2002 (punto de referencia estructural).

19. El gobierno realizará un estudio sobre las maneras de desarrollar instrumentos adicionales de política monetaria en la economía para junio de 2002 (punto de referencia estructural), incluyendo operaciones de mercado abierto en el mercado del Peso. El programa limitará el aumento de los activos nacionales netos del banco central para mantener la coherencia con el proyectado incremento de demanda de dinero y movimientos de reservas internacionales netas. En anticipación de la aplicación de las recomendaciones del estudio para administrar la liquidez en el mercado del Peso, el Banco Central recurrirá a un uso más activo de las tasas de interés para préstamos diarios y de redescuento del Banco Central. El Banco Central también asegurará que las tasas de interés sobre los excesos de reservas de los bancos en el Banco Central sean competitivas con respecto a las tasas de interés interbancarias internacionales. Está programado que las reservas internacionales neta permanezcan sin cambios a fines de 2003 desde su nivel a fines de 2001, luego de realizarse un ajuste para el uso de la prefinanciación de 2001 del sector público. Se ha tomado en cuenta en 2002 la posibilidad de una asistencia temporaria de liquidez al sistema bancario.

20. La solidez del sistema financiero ha sido uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica de Uruguay. Los bancos privados están bien administrados, disponen de liquidez y están adecuadamente capitalizados, y el porcentaje de incumplimientos (neto de provisiones) es muy reducido, ubicándose por debajo del 5 por ciento.El gobierno seguirá tomando medidas para fortalecer el sistema financiero y busca el compromiso de los accionistas de los bancos para asegurar que sus instituciones permanezcan en estado de liquidez y bien capitalizadas, incluyendo la concesión de fondos de parte de la casa central de ser necesario. La estrategia del gobierno para fortalecer el sector de la banca privada y reducir la vulnerabilidad a los shocks externos se concentra en cuatro áreas principales: (i) una rápida resolución de la situación de los bancos en problemas, en especial de dos bancos privados que fueron perjudicados por los acontecimientos en Argentina; (ii) la rigurosa supervisión y aplicación de leyes y reglamentos para mantener la solidez del resto del sistema bancario privado; (iii) fortalecer aun más el marco regulatorio hacia una plena conformidad con los Principios Básicos de Basilea; y (iv) una mayor divulgación de declaraciones financieras de los organismos financieros, permitiendo al mercado una mejor supervisión de la solidez del sistema.

21. Como se menciona anteriormente, el gobierno reaccionó rápidamente ante los problemas generados en los dos mayores bancos privados del país. El Banco Central intervino en uno de ellos, una sucursal de un banco privado de Argentina (y, en la práctica, una institución offshore con poca exposición y base de clientes en Uruguay), en febrero de 2002, al suspender sus operaciones temporalmente para permitirle a la gerencia el tiempo para diseñar un plan para recuperar la liquidez del banco. En el caso del otro banco, una institución con una importante presencia en el sistema financiero uruguayo y afectada por un presunto fraude que vació su base de capital, el gobierno llegó a un acuerdo con tres de sus accionistas para recapitalizar al banco. Esos tres accionistas y el gobierno aportaron cada uno 25 por ciento del esfuerzo de recapitalización que ascendió a USS 133 millones. La gerencia del banco ha sido sustituida y una nueva junta de directores ha sido designada. Se emprendieron medidas legales contra aquellos acusados del presunto fraude. El banco central otorgará ayuda de liquidez cuando sea necesaria, dentro de los límites impuestos por sus estatutos, y se asegurará de que el banco opere de plena conformidad con todos los reglamentos prudenciales.

22. Las medidas para fortalecer el sistema son principalmente de una naturaleza preventiva. Las mismas serán regidas por una mayor presencia de contralor de la Superintendencia Bancara y la rigurosa aplicación de todos los reglamentos prudenciales. Aunque los bancos uruguayos ya operan con altos niveles de liquidez que reflejan la fuerte presencia en el sistema de depósitos a corto plazo de no residentes, se ha incorporado un mejor sistema de control de la situación de liquidez de todas las instituciones financieras para asegurar que los bancos apliquen prácticas sanas en este ámbito. La Superintendencia controlará de cerca los desfasajes en los vencimientos, con especial énfasis en aquellos que surjan de las obligaciones de no residentes. Todo banco que no cumpla normas prudenciales será sometido a una mayor supervisión y a rigurosos objetivos de rendimiento. En particular, la Superintendencia exigirá a todos los bancos que operen totalmente capitalizados o de lo contrario asumirá convenios de fortalecimiento de capital con bancos de capital deficiente. Las reglas de reserva por pérdidas de créditos también se aplicarán rigurosamente. Para cumplir los desafíos antes mencionados, la Superintendencia deberá acrecentar su capacidad de supervisión incrementando su personal con especialistas calificados. Para reforzar aun más la capacidad de respuesta del sector financiero a las novedades de la economía y los mercados financieros internacionales, el banco central se propone revisar en los próximos meses la estrategia a mediano plazo para el sistema financiero de Uruguay. El progreso en este ámbito se analizará en el momento de la primera revisión y a la luz de las conclusiones de la próxima misión de FSAP.

23. El marco regulatorio se reforzará más incorporando pautas sobre la administración del riesgo interno en bancos y otras instituciones y reglamentos referidas a: (i) comisión sobre el capital para el riesgo soberano; (ii) comisión sobre el capital para el riesgo del mercado, y (iii) reglamentos para limitar el riesgo de liquidez, en todos casos en concordancia con las normas del Comité de Basilea. En algunos casos existiría la necesidad de ir más allá de esas directrices, dadas las especiales características del sistema financiero uruguayo. En particular, para reducir la exposición del sistema bancario al riesgo combinado del crédito y del cambio extranjero resultante de los préstamos en dólares dados por los bancos a aquellos cuyos ingresos no son en dólares, el reglamento sobre riesgo del mercado incluirá comisiones para este riesgo combinado. Asimismo, la Superintendencia reforzará los reglamentos en el ámbito de la exposición a prestatarios individuales y sobre créditos privilegiados. Estas pautas y reglamentos se elaborarán en consulta con una misión de asistencia técnica de MAE que el gobierno solicitó para marzo de 2002, para realizar una evaluación de conformidad con los Principios Básicos de Basilea, y serán publicados a más tardar a fines de junio de 2002 (punto de referencia estructural).

24. Una mayor divulgación de los datos financieros de los bancos proporcionará información al mercado de una manera accesible, comprensible y oportuna. El gobierno comenzará a publicar los balances de situación completos de las entidades financieras, incluyendo las conclusiones de auditorías, y a partir de marzo, exigirá que todas las instituciones financieras obtengan calificaciones de las agencias calificadoras de riesgo internacionales.

25. Con respecto a los bancos públicos, el gobierno presentó al Parlamento una ley que fortalece las facultades regulatorias y supervisoras del Banco Central sobre esos bancos. La reestructura operativa y organizativa del Banco de la República (BROU) –el mayor banco del sistema, con aproximadamente el 25 por ciento del total de los activos bancarios- está en marcha y habrá concluido para marzo de 2003. Las reformas del banco se proponen mejorar la supervisión y la administración de liquidez y riesgo del crédito, desarrollar procedimientos de análisis del crédito, reforzar los controles internos, e instalar un sistema para combatir el lavado de dinero. El programa de reestructura ya ha mejorado la rentabilidad del BROU y resuelto las demoras en sus informes al Banco Central, por lo cual sus informes ahora están en gran medida alineados a los del resto del sistema. El BROU encara el problema de la gran acumulación existente de préstamos morosos mediante una reestructura de caso por caso, medidas legales para recaudar mediante los garantes ante los tribunales y, en el caso de los créditos personales otorgados a los empleados públicos, recurrir a deducciones directas de sus salarios.

26. El gobierno tomará las medidas para reforzar la situación financiera del Banco Hipotecario (BHU). La acelerada depreciación real del Peso frente al dólar de EEUU resultó en grandes pérdidas para el banco. A pesar de dichas pérdidas, y de una importante amortización de su capital como consecuencia de una auditoría independiente en 2000, el banco aún cuenta con un capital superior a su mínimo regulatorio (equivalente al 1,5 por ciento del PBI). No obstante, la continuación de las tendencias actuales erosionarían el capital del banco para fines de 2002. El gobierno mantendrá al banco plenamente capitalizado, con el costo por intereses expresamente incorporado en las cuentas fiscales y sujeto al techo general para el déficit mencionado arriba. La plena capitalización del banco será un punto de referencia estructural para la primera y segunda revisión. La superintendencia bancaria puso al BHU bajo intensa supervisión y designó un grupo de trabajo con representantes del Banco Central y el Ministerio de Economía para preparar un plan que trate con esta institución. Siguiendo las recomendaciones de esta comisión, el gobierno habrá de: (a) detener nuevos proyectos de construcción del BHU a partir de abril de 2002, exceptuando aquellos en que ya se asumió un compromiso legal (punto de referencia estructural); (b) reforzar la recuperación de préstamos; (c) aumentar los márgenes de intermediación para abril de 2002; (d) exigir que las operaciones del BHU se realicen de manera comercial para fines de 2002 (punto de referencia estructural); (e) introducir mejoras administrativas; y (f) comenzando a fines de 2002, exigirle al BHU que emita obligaciones denominadas en UI para sustituir las obligaciones en dólares que están por vencerse, con el objetivo de reducir el desfasaje monetario. Las autoridades preparan una propuesta integral de reestructura para brindar una solución permanente a los problemas del BHU a mediano plazo, con la ayuda del Banco Mundial. Esta propuesta de reforma estaría pronta para septiembre de 2002 y la legislación correspondiente, ya sea por decreto o proyecto de ley a someterse al Parlamento, estará pronta antes de fin del año (punto de referencia estructural). El BHU proporcionará a la Superintendencia toda la información necesaria para supervisar de manera oportuna la conformidad con los cambios mencionados arriba.

27. El gobierno está comprometido con la reforma estructural como un instrumento esencial para ayudar a mejorar la productividad y la competitividad. Uruguay tiene un potencial económico sustancial para atraer la inversión extranjera directa. El gobierno dirige sus esfuerzos a la desregulación de la economía para permitir la participación del sector privado en áreas anteriormente liimtadas al sector público, mediante tipos de asociación y concesiones más amplias. En este contexto, entre las reformas agendadas por el gobierno para 2002 se encuentran: (i) la concesión de frecuencias de telecomunicaciones a empresas del sector privado, (ii) la concesión de servicios de flete en el Aeropuerto Internacional de Montevideo; (iii) nuevas concesiones en mantenimiento y administración de instalaciones viales, férreas y portuarias; (iv) cambios en el marco regulatorio y acuerdos de asociación con el sector privado para facilitar la participación del sector privado en el sector energético, incluyendo, inter alia, generación y distribución de electricidad, actividades petroleras, transporte y distribución de gas natural para diciembre de 2002 (punto de referencia estructural); y (v) la liberalización del mercado para el seguro contra accidentes de los trabajadores (actualmente un monopolio del Banco de Seguros del Estado, BSE) para septiembre de 2002.

28. El gobierno está comprometido a reducir el costo de hacer negocios en Uruguay y aplicará una serie de pasos al respecto, entre ellos (i) una reducción de las tarifas del Estado, especialmente en el área del comercio exterior; (ii) la eliminación de regulaciones que obstaculizan el comercio exterior; (iii) la racionalización de los trámites de registro para las empresas; (iv) la liberalización del horario de trabajo; (v) un proceso en curso de modernización en tecnologías informáticas para la administración pública; (vi) la revisión de las regulaciones en el sector agrícola; y (vi) continuar la desregulación del transporte por aire, tierra y río.

29. El gobierno también sigue adelante con la reforma del Estado, cuyo objetivo es reforzar la eficiencia y asegurar ahorros adicionales a mediano plazo. Esta reforma está concentrada principalmente en (i) una revisión de las políticas de personal y la administración de recursos humanos en el gobierno y las empresas públicas, dirigida a fortalecer la eficiencia de los empleados públicos; (ii) la simplificación de los trámites de compra para asegurar la transparencia y la eficiencia; y (iii) un riguroso control del gasto estatal en tiempo real para prevenir –o corregir de inmediato- las desviaciones de las pautas presupuestarias. El gobierno realizará un estudio del sistema tributario con el fin de proponer una reforma dirigida a simplificar el sistema y eliminar distorsiones que afectan la actividad del sector privado. Se solicitará la ayuda técnica de FAD. El sistema de salud pública también se hará más eficiente, lo cual permitirá una mayor flexibilidad a los proveedores de servicios. Simultáneamente, el gobierno seguirá fortaleciendo el sistema público de seguridad social, a través de mejoras tecnológicas y la renovación de sus sistemas de información para permitir una cooperación más estrecha a nivel de recaudación con la dirección general impositiva. El gobierno pretende presentar al Parlamento, para septiembre de 2002, una reforma de los fondos especiales de jubilación de militares y empleados bancarios. La situación financiera de estos fondos se está debilitando y deben fortalecerse.

30. El gobierno pretende que el sistema de cambio monetario de Uruguay siga sin restringir los pagos y transferencias de transacciones internacionales. Los aranceles aduaneros de Uruguay están en línea con los aranceles comunes externos del Mercosur. Los problemas que puedan surgir con el comercio intrarregional serán tratados dependiendo de los mecanismos del Mercosur para la resolución de disputas comerciales y en concordancia con las directivas de la Organización Mundial de Comercio.

31. Mejorar la precisión, oportunidad y globalidad de los datos estadísticos sobre la economía es un esfuerzo constante. A fines de 2001 se concluyó un programa de dos años de duración para revisar y expandir las cuentas nacionales. Este programa fue un paso preparatorio para la suscripción de Uruguay al SDDS del Fondo. Uruguay ahora está en camino para suscribirse al SDDS para marzo de 2002. Grandes avances se han realizado con la divulgación de información por internet. La publicación de informes trimestrales sobre las empresas públicas, los datos sobre los bancos públicos del Boletín de la Superintendencia, la publicación mensual en Internet de las cuentas fiscales y las auditorías independientes de empresas y bancos estatales, tienen un efecto positivo sobre la comprensión de los acontecimientos económicos por parte del público. El Fondo concluyó un Informe sobre cumplimiento de normas y códigos (ROSC) sobre la transparencia fiscal en Uruguay en 2001 y está concluyendo un ROSC sobre las prácticas de divulgación de datos. El Banco Central también proporcionó al Fondo la información necesaria para realizar una Evaluación de Garantía completa de fase uno del banco. El gobierno seguirá publicando en internet el Memorándum de Políticas firmado con el Fondo y los documentos de personal pertinentes y correspondientes, incluyendo aquellos asociados con las Consultas anuales del Artículo IV del Fondo.

32. El programa económico para 2002-2003 establece criterios de rendimiento cuantitativos para fines de junio de 2002, fines de septiembre de 2002 y fines de diciembre de 2002, con objetivos indicadores anuales para 2003. Las revisiones programáticas se concluirán antes de fin de septiembre y diciembre de 2002, marzo y septiembre de 2003, y marzo de 2004. El gobierno consultará con el Fondo sobre la perspectiva económica y las opciones políticas para 2003, y determinará la distribución trimestral de los objetivos indicadores anuales en la ocasión de las discusiones para la segunda revisión del programa hacia fines de 2002.

Fuentes: Ministrerio de Economía y Finanzas; y Banco Central del Uruguay.
¹Como se define en el Memorándum de Entendimiento Técnico.
²El límite acumulado se ajustará según la diferencia entre los aportes reales y proyectados a la seguridad social transferidos al sistema de jubilación privada.
³Todos los vencimientos. Incluye la operación de concesión asociada con ANCAP. US$115 millones incluidos a fines de diciembre de 2001, excluyendo al FMI. El límite global será ajustado según (1) la diferencia entre la deuda proyectada y real a fines de 2001; (2) la diferencia entre el monto real y proyectado de aportes a la seguridad social que se transfieren a los fondos de jubilación privada; (3) el super-rendimiento con respecto a las metas de las reservas internacionales netas del BCU, hasta un límite de USS 250 millones; (4) todo cambio en la cantidad de prefinanciación a las exportaciones en el BCU en relación con el nivel del 31 de diciembre de 2001; y (5) por un monto equivalente al cambio en la suma de depósitos libres y obligatorios de moneda extranjera de hasta USS 200 millones del BROU, el BHU, las empresas públicas, compañías de seguros, casas de cambio, bancos privados, AFAPs y fondos de inversión, en el BCU frente a su nivel del 31 de diciembre de 2001.

Este memorándum presenta las definiciones de las variables incluidas en los criterios de rendimiento cuantitativo anexados al Memorándum de políticas.

Referencias (benchmarks) de la Reforma Estructural

Antes del fin de Setiembre 2002
4.  El Banco Central emitir regulaciones que aseguren que el riesgo de prestar en moneda extranjera es adecuadamente internalizado por los bancos.
5. El Banco Hipotecario comienza a reemplazar los pasivos maduros en dlares por obligaciones en Unidades Indexadas.
6.  Introduccin y publicacin diaria de la Unidad Indexada con relacin al Indice de Precios al Consumidor.

Antes de fines de Diciembre de 2002