Carta a
los medios
Señor director:
El
día 11 del corriente presentamos en el Ministerio de Economía
y Finanzas la carta que se adjunta, solicitando una copia del
Acuerdo logrado entre el gobierno nacional y el Fondo
Monetario Internacional.
Dicha solicitud fue realizada como
parte de nuestra tarea como integrantes de Control Ciudadano
(Social Watch) una red internacional existente en más de 60
países, cuyo objeto es realizar el seguimiento de la acción
de los gobiernos en relación a los compromisos asumidos en
las cumbres internacionales. Desde hace 6 años publica
anualmente un informe general del “estado del mundo” en
materias tales como la lucha contra la pobreza, los derechos
humanos, la situación de los niños, la discriminación etc,
así como un informe específico sobre cada uno de los países
en que la red actúa.
Dicho
informe anual goza de un enorme prestigio a escala universal,
se traduce a los principales idiomas del planeta y constituye
un material de referencia para ministros, jefes de estado,
dirigentes de organismos multinacionales y las propias
Naciones Unidas. El correspondiente al año 2001 acaba de ser
presentado oficialmente en la cumbre de Monterrey, con
singular éxito y abundante cobertura de prensa.
Control
Ciudadano es una red, y por lo tanto, una organización no
formalizada jurídicamente.
El día 22 de
marzo último, fuimos citados al Ministerio para notificarnos
de una actuación en el expediente formado a partir de nuestra
petición. Con sorpresa nos encontramos con un informe
suscrito por un abogado dependiente de dicha Secretaría de
Estado que exige “previamente” acreditar la personería
jurídica de Control Ciudadano y nuestra representación. Se
trata, obvio es decirlo, de un artificio de supuesta base
legal. El ejercicio del derecho a la información que
invocamos, no requiere de otra condición que la de ser
ciudadano o aún mero habitante del país. No existe ninguna
disposición que requiera acreditar personería jurídica o
representación legal como elemento previo al suministro de
los datos o documentos que se reclaman.
La intención
no expresada en el dictamen jurídico de marras no es otra que
la de dilatar la respuesta (que ya despunta como negativa),
probablemente crear dificultades adicionales –artificiales,
innecesarias, sin fundamento normativo- y quizás terminar
“ganando por cansancio” al incómodo demandante.
Queremos dejar
constancia pública de esta situación. Ignoramos cuál será
el destino final de nuestra solicitud, pero no podemos evitar
sospechar que la respuesta final –con un pretexto u otro-
será negativa. Esto resulta a todas luces ridículo, desde el
momento en que el Acuerdo cuya copia reclamamos, ha sido
publicado en Internet por el Fondo Monetario Internacional,
contraparte del Estado Uruguayo en el caso. No es por tanto
secreto, no hay razones para la reserva ni motivos para
insostenibles dilatorias. Puede consultarse la publicación
–naturalmente en idioma inglés- en la siguiente dirección:
http://www.imf.org/External/NP/LOI/2002/ury/01/index.htm
Estimamos
que este hecho se inscribe en una lamentable “cultura de la
opacidad” que impregna a buena parte de la administración pública,
cultura que todos hemos padecido y que ahora se ha hecho pública
clara y nítidamente en el reciente caso protagonizado por el
señor Andrés Alsina, integrante del cuerpo periodístico del
diario “El Observador”.
El secreto es
antidemocrático y sospechoso. Sería una excelente noticia el
comprobar dentro de un tiempo que estamos equivocados y que el
MEF nos ha suministrado el texto del Acuerdo, en idioma español.
Ese tiempo ha de ser, además breve, porque la brevedad de la
demora se relaciona directamente con la utilidad de la
información.
Insistiremos
ante el MEF hasta obtener una resolución. El documento
solicitado es importante para muchos uruguayos, y más
importante aún es alcanzar el tránsito a una cultura de la
transparencia, totalmente opuesta a aquélla que hemos señalado,
cuya vigencia permitirá enriquecer y hacer más profunda
nuestra democracia.
Agradeciendo
la publicación de la presente le saludan muy atentamente
Roberto
Bissio
Carlos Abin
Montevideo,
11 de marzo de 2002
Señor
Ministro de Economía y Finanzas
Cr. Alberto Bensión
Presente
De
nuestra consideración:
Informaciones de prensa recientemente publicadas (“El
Observador” del 5 de marzo, “Búsqueda” del 7 del
corriente) dan cuenta del Acuerdo logrado entre el gobierno de
la República Oriental del Uruguay y el Fondo Monetario
Internacional.
La importancia del mismo está fuera de discusión. En
él se establecen seguramente las metas que el país debe
alcanzar, las condiciones que debe cumplir, los compromisos
que ha asumido ante dicho organismo. Se trata de un documento
fundamental para comprender en profundidad la situación del
país, algunos de los condicionamientos a que está sometida
su economía en el futuro inmediato y el marco de
posibilidades y restricciones en que habrá de moverse
mientras dicho acuerdo se encuentre en vigor.
Fuera de las informaciones periodísticas antes
aludidas, no existen disponibles datos más concretos ni se ha publicado el texto íntegro del
acuerdo.
Por
nuestro intermedio, Control Ciudadano (Social Watch) solicita
a Ud se sirva proporcionarle una copia del Acuerdo de
referencia, cuyo conocimiento resulta de vital importancia
para la elaboración de los informes relacionados con Uruguay.
Ejercemos en el caso el derecho a la información que ampara a
todos los ciudadanos de la República.
Confiando en su buena disposición le saludan
atentamente
Roberto Bissio
Carlos Abin
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