La evolución de la Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), desde su inicio como una conferencia principalmente ambiental hasta convertirse en una conferencia sobre medio ambiente y desarrollo dentro de un contexto Norte-Sur, se vio reflejada quizás de forma más completa en las negociaciones sobre la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Además de la Agenda 21, un programa de acción hacia un desarrollo sostenible a nivel nacional y mundial, la Cumbre aprobó esta declaración de principios sin obligatoriedad legal que obtuvo el apoyo político mayoritario.

A nivel internacional, la Declaración de Estocolmo adoptada por los Estados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de 1972 fue el primer documento mundial que estableció principios para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.

Sin embargo la situación mundial ha empeorado desde entonces. No solo se están agotando los recursos naturales y la degradación ambiental sigue en aumento, sino que en muchas partes del Sur la situación de pobreza es aún peor. La crisis de la deuda externa de la mayoría de los países del sur sigue sin solución, y en muchos casos se está profundizando. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se han intensificado desde principios de los años ochenta, produciendo nuevos trastornos económicos, sociales y ambientales. Las corporaciones transnacionales han extendido aún más su red sobre los recursos naturales, las economías y las vidas del Sur. El control que unos pocos países poderosos del Norte tienen sobre las instituciones Bretton Woods y el comercio internacional sigue siendo enorme. Como resultado ha aumentado la desigualdad entre el Norte y el Sur.

Mientras tanto, un número reducido de países del Este y Sudeste de Asia están registrando altas tasas de crecimiento económico y expandiendo sus economías más allá de las fronteras nacionales. Esto se considera cada vez más como una amenaza a países industrializados como los Estados Unidos de América y algunos estados de la Comunidad Europea. En el propio Norte, sigue aumentando el consumo de recursos naturales, la mayoría de los cuales proviene del Sur y existe un desempleo severo en muchos países. A medida que el Norte comienza a reglamentar cada vez más las tecnologías e industrias peligrosas, estas actividades se reubican sistemáticamente en el Sur. También han emergido nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la ingeniería genética, cuyos productos plantean peligros reales y potenciales para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana. Esa era la situación mundial cuando la CNUMAD se convirtió en el foro de negociación mundial sobre medio ambiente y desarrollo.

A fines de los años ochenta, la presión y preocupación públicas crecientes sobre la degradación ambiental contribuyó a que la Asamblea General de las Naciones Unidas creara un organismo independiente, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por el Primer Ministro noruego Brundtland. El resultado fue el Informe de la Comisión Brundtland de 1987, que convocó a que el carácter distintivo para la acción futura fuera "un desarrollo sostenible". Aunque se reconoció en gran medida la crisis ambiental mundial, y se puso énfasis en la necesidad de la igualdad intergeneracional en el uso de los recursos, la idea principal del informe fue esencialmente mayor crecimiento económico convencional, con la tecnología como solución de los problemas ambientales. A la vez que reconocía la necesidad del crecimiento para la erradicación de la pobreza en el Sur, el informe no llama a la redistribución del ingreso entre el Norte y el Sur, ni demanda cambios en el consumo y estilo de vida del Norte.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 44/228 el 22 de diciembre de 1989 para convocar una conferencia de Jefes de Estado a celebrarse en junio de 1992 en Río de Janeiro. Esta vez la comunidad mundial –gobiernos y grupos de ciudadanos— reunió una fuerza mucho mayor que en Estocolmo. Por cierto, fue el esfuerzo de las ONG, especialmente las del Sur, lo que contribuyó en forma significativa a transformar el orden del día de la CNUMAD para centrarlo más claramente en el nexo entre desarrollo y medio ambiente, y las dimensiones de la relación Norte-Sur. La Red del Tercer Mundo tuvo la oportunidad de trabajar con algunas delegaciones claves del Sur durante este período.

Se acordó que el tema central de discusión de la CNUMAD sería un conjunto de principios sobre derechos y obligaciones generales. Los países del Norte como Canadá, Japón, Nueva Zelandia y Rusia querían una "Carta de la Tierra" corta e inspirada. Estados Unidos también quería un documento corto. El énfasis fue que, como habitantes de un mismo planeta, todos tenían la responsabilidad individual y colectiva de proteger el medio ambiente. La delegación canadiense en un punto dijo que el documento debía ser algo que cualquier niño o niña del mundo pudiera comprender y colocar en la cabecera de su cama.

El Grupo de los 77 y China querían una declaración que vinculara el derecho al desarrollo con los temas ambientales, a la vez que abordara los temas de la igualdad entre el Norte y el Sur. Destacaron que las causas y responsabilidades para la superación de la crisis ambiental debían ser diferenciadas entre el Norte y el Sur. El vocero del Grupo de los 77 también destacó que millones de niños del mundo en desarrollo no tienen cama sobre la cual colocar una carta poética, a menos que primero se erradique la pobreza. El Sur quería que los temas del desarrollo recibieran un tratamiento "equilibrado".

Fue en este grupo de negociación en el que más se debatió el concepto de "desarrollo sostenible". Mientras que los dilemas y objetivos aparentemente conflictivos del desarrollo y el medio ambiente también se hacían evidentes en las negociaciones de la Agenda 21, el hecho de que la Declaración era un "paquete" de principios interrelacionados hizo de ella el centro para abordar estos dilemas en forma directa.

Finalmente se aprobó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que contiene 27 principios sobre los derechos y obligaciones generales de los estados, luego de largos, difíciles y a menudo acalorados debates. En el Apéndice 1 se presenta una copia de la Declaración.

Al mismo tiempo, también finalizaron para ser suscritas en la Cumbre dos negociaciones paralelas sobre las convenciones de cambio climático y diversidad biológica. Más importantes pero mucho menos publicitadas, las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) también estaban entrando en una etapa crítica, con acuerdos finales que amenazaban socavar o incluso negar el resultado de la CNUMAD, con su promoción rigurosa de la liberalización casi total de las economías del Sur.

Todas estas negociaciones estuvieron llenas de tensión y conflictos, presiones y compromisos. Los productos surgidos de la CNUMAD fueron el resultado de un proceso de consenso, pero el proceso en sí fue desde el principio un recordatorio de que vivimos en un mundo donde las relaciones internacionales son profundamente desiguales y poco equitativas. La medida en que los países del sur pudieron hacer valer sus posiciones en forma efectiva, en que los países industrializados demostraron voluntad de realizar cambios fundamentales en sus propias sociedades, y el grado en que las preocupaciones ambientales y sociales se vieron reflejadas en forma verdadera en el resultado de las negociaciones entre los gobiernos fueron temas centrales en el proceso de la CNUMAD.

Este documento describe el proceso de negociaciones a partir del cual se elaboró la Declaración de Río, destacando los avances claves a medida que los negociadores batallaban durante semanas, a menudo hasta altas horas de la madrugada en la cuarta y última reunión del Comité Preparatorio (del 2 de marzo al 3 de abril de 1992). Esa fue la sesión más intensa, dado que la presión por resolver las diferencias fundamentales entre el Norte y el Sur alcanzó su punto máximo. Por cierto, hubo muchos momentos en que los negociadores y observadores de las ONG se preguntaron si en algún momento sería posible alcanzar una declaración de consenso en la Cumbre. También se incluye una sección que brinda los antecedentes de la evolución de la CNUMAD desde la Conferencia de Estocolmo de 1972.

La Resolución 44/228 de la Asamblea General de diciembre de 1989 fue el producto de la primera ronda de negociaciones intensas en Nairobi que preparó el terreno para el proceso preparatorio de la CNUMAD. Esta Resolución histórica, que contó con la participación activa del Sur en su elaboración, convocó a un vínculo integrado entre medio ambiente y desarrollo, e identificó al consumo y los modelos de producción no sostenibles, especialmente del Norte, como la causa fundamental de la degradación ambiental. Esto constituyó un cambio fundamental desde la conceptualización inicial de la conferencia realizada por el Norte, que se centraba esencialmente en los problemas ambientales sin abordar en forma fundamental la dimensión del desarrollo del Sur, ni el papel dominante del consumo del Norte en la crisis ambiental. El concepto de culpabilidad histórica del Norte que comenzó con el colonialismo y condujo a la actual porción de consumo altamente desigual del Norte fue un golpe fuerte en el marco de los principios de la Resolución 44/228.

Desafortunadamente, el rol del sector privado, en especial de las corporaciones transnacionales (CT) en la destrucción ambiental y social estuvo ausente en forma evidente del orden del día oficial. El Norte estaba dedicado a lograr el debilitamiento de los controles sobre las corporaciones (especialmente a nivel mundial) mientras que el Sur se esforzaba en obtener más inversión extranjera directa.

Se realizaron cuatro reuniones del Comité Preparatorio presididas por el Embajador Tommy Koh de Singapur. Se asignó al Grupo de Trabajo III del Comité Preparatorio la tarea de preparar un acuerdo de consenso sobre Principios sobre Derechos y Obligaciones Generales, posteriormente llamado la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Inicialmente las delegaciones actuaron en forma cautelosas, y como destacaron varios observadores, fueron incluso reticentes entre ellas. Con frecuencia las discusiones eran generales y evasivas, manejándose conceptos y nociones claves surgidos del Comité Preparatorio III. Durante casi la totalidad de las dos primeras semanas del Comité Preparatorio IV, se llegó a numerosos callejones sin salida sobre la forma de mejorar la metodología de trabajo. Los observadores comentaron que esto se debía a una falta de confianza entre el Sur y el Norte en cuanto a la sustancia de los temas que cada lado quería tratar. Las negociaciones importantes comenzaron recién hacia el final de la tercera semana (el Comité Preparatorio IV duró cinco semanas). Fue interesante observar finalmente el diálogo franco Norte-Sur que se produjo entre los negociadores claves de ambos lados a medida que las discusiones comenzaron a incorporaron una mayor dimensión de la realidad de las crisis del desarrollo y el medio ambiente enfrentadas por el mundo, especialmente por el Sur.

Varios países presentaron varias formulaciones en el Comité Preparatorio III, pero hasta ese momento el Grupo de los 77 y China no habían llegado a una posición común, dado el amplio rango de preocupaciones existentes entre ellos. Este agrupamiento de países en desarrollo, que representa la gran mayoría de los países del mundo, logró proponer un texto acordado hacia la mitad del Comité Preparatorio. El texto del Grupo de los 77 y China incluía propuestas seleccionadas del Norte y ese documento entonces fue la base para las negociaciones. Las respuestas del Norte, incluyendo supresiones, modificaciones y sustituciones, fueron incorporadas en un texto compilado el 21 de marzo de 1992. Una copia de este texto figura en el Apéndice 2.

Pero el progreso hacia un consenso que pudiera expresarse en la forma y contenido de un documento fue lento, incluso en la tercera semana del Comité Preparatorio IV. Algunas delegaciones comenzaron a dudar que se llegara a concretar una declaración para la Cumbre, prevista para el mes de junio, dos meses después del Comité Preparatorio IV.

Los países del Norte querían una Carta que fuera corta, poética e inspirada. El Sur al inicio estaba preocupado por la propuesta de una serie de principios, en gran medida debido al temor de que esto implicara nuevas restricciones o condicionantes sobre los países del Sur en nombre de la protección ambiental. Esta preocupación sobre la iniciativa de la CNUMAD fue aparente en los Comités Preparatorios I y II, dado que los primeros borradores del documento base de la Agenda 21 colocaban el medio ambiente en primer plano, pero expresaban en forma confusa u omitían aspectos cruciales del desarrollo. Los vínculos entre el medio ambiente y el desarrollo, o los temas comunes a ambas áreas, fueron expresados en forma débil algunos casos y en otros no figuraron. Incluso al tratarse el orden del día del medio ambiente, el énfasis puesto en los bosques tropicales y el consumo de energía futuro de países como China y la India, aumentaron el temor de los representantes del Sur de que la CNUMAD terminara reduciendo el crecimiento económico en el Sur. Por cierto, el tono de las discusiones en las primeras reuniones del Comité Preparatorio fue en gran medida el del Norte juzgando el desempeño ambiental del Sur. Las ONG y varias delegaciones del Sur criticaron abiertamente al Norte por destacar en forma selectiva los problemas ambientales del Sur como "mundiales". Muchos grupos de ciudadanos del Norte estaban preocupados porque las crisis ambientales y económicas del mundo industrializado (los desechos tóxicos, la desaparición de bosques antiguos, el desempleo, etc.) no estaban incluidos en el orden del día y ni en los debates del desarrollo sostenible. Las ONG continuaron haciendo énfasis en la omisión absoluta del rol de las corporaciones transnacionales y las instituciones Bretton Woods. en la destrucción ambiental y social del Sur.

En el Comité Preparatorio IV, las diferencias entre la percepción y prioridades del Norte y el Sur se volvieron un abismo en la mayoría de los principios propuestos por ambas partes. Esto se reflejó en versión tras versión de los prolongados intentos de alcanzar un consenso. Como destacó un delegado del Sur, la negociación de la Declaración de Río "es realmente el centro de la batalla política de todo este proceso (CNUMAD). La declaración, aunque se aceptó en forma unánime como un documento sin obligatoriedad legal, se consideró como una de las áreas de trabajo más importantes ..."

El primer callejón sin salida se resolvió cuando las delegaciones finalmente acordaron comenzar las negociaciones sobre el texto compilado basado en las propuestas del Grupo de los 77 y China. Se formó un grupo "informal informal" abierto para facilitar las negociaciones. Este grupo central, también llamado grupo de contacto, reflejaba un equilibrio entre las delegaciones del Norte y del Sur. Los dos co-Presidentes eran de la India y de Noruega. Se esperaba que un texto simplificado estuviera listo para la sesión plenaria del Comité Preparatorio IV a mediados de la semana siguiente.

Para entonces el Comité Preparatorio ya estaba en su tercera semana. El grupo de contacto trabajó exhaustivamente los siguientes diez días y se hicieron progresos sobre siete principios: el derecho al desarrollo (con énfasis en la igualdad entre el Norte y el Sur); el principio "el que contamina paga", la evaluación del impacto ambiental; los derechos de los pueblos indígenas; la responsabilidad y compensación por daño ambiental; la participación pública en la gestión ambiental; el enfoque preventivo de la protección ambiental, y el establecimiento de normas ambientales.

Los principios sobre el derecho al desarrollo, la obligación del Norte industrializado de asumir su parte proporcional de la responsabilidad por la crisis ambiental y de resolver sus modelos de consumo no sostenibles, y también el control de la población fueron temas de profundo conflicto entre el Norte y el Sur.

El 1° de abril, el Presidente del Comité Preparatorio, el Embajador Tommy Koh, asumió las negociaciones. El grupo de contacto se disolvió, y en aquellas áreas en las que todavía quedaban puntos sin resolver, se autorizó a ambos co-presidentes para que formularan un texto simplificado.

Las delegaciones del Sur eran inevitablemente más reducidas y poseían menos apoyo técnico y expertos en recursos. Debían cubrir un gran número de reuniones reducidas y grupos de negociación informales, que con frecuencia se realizaban en forma simultánea, y en las que se tomaban decisiones cruciales. Esto fue evidente especialmente en el Comité Preparatorio IV, dado que en muchos de esos grupos reducidos los países claves del Sur ni siquiera estuvieron presentes.

No obstante había varios negociadores destacados en el grupo del Sur. El Grupo de los 77 estuvo presidido por Malasia en 1989/90 y condujo las negociaciones cruciales que dieron como resultado la Resolución 44/228 de la Asamblea General, base de la CNUMAD. Pakistán fue Presidente durante el Comité Preparatorio IV y Tariq Hyder, vocero de las negociaciones de la Declaración de Río era un negociador extremadamente experimentado y eficaz. Brasil, la India, Irán, México, Malasia, Mozambique y Tanzania estaban entre los componentes del grupo central activo del Grupo de los 77 y China que trabajó en forma eficaz para dar al grupo del Sur una posición unida y coherente.

Varios funcionarios de las Naciones Unidas y diplomáticos del Sur que presenciaron el proceso de las relaciones mundiales desde principio de los años 70, estuvieron de acuerdo en que ésta era la primera vez en muchos años que el Grupo de los 77 y China mostraban tal solidaridad. Recordaron el espíritu del Sur a mediados de los años 70 y principios de los 80 cuando en los pasillos de las Naciones Unidas resonaban los debates sobre el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y el Derecho al Desarrollo.

En las discusiones iniciales entre los representantes de la Red del Tercer Mundo y algunos delegados del Sur, fue notorio que muchos de ellos estaban casi molestos al hablar sobre el NOEI. Otros sintieron que sería inútil esperar por el NOEI, dado que los años 80 habían hundido a los países menos desarrollados en una deuda y pobreza mayores y en muchas áreas las desigualdades entre el Norte y el Sur se habían acelerado.

Mientras tanto, el fin de la Guerra Fría planteó la esperanza de que hubiera un Dividendo de la Paz derivado de la reducción de los gastos militares del Norte, que podría destinarse a financiar al Sur para cumplir sus obligaciones mundiales en el proceso de cambio a un desarrollo sostenible, de acuerdo con la Agenda 21. Sin embargo, la asistencia para el desarrollo comenzó a decaer a partir de la Cumbre de Río, y con cada vez más problemas económicos internos en los países de la OCDE, esta tendencia no se ha detenido.

De todas maneras, las negociaciones de la Declaración de Río crearon una oportunidad invalorable para plantear los temas fundamentales que alimentaron el debate del NOEI. Los delegados no podían negar que el desarrollo sostenible, en el sentido verdadero de la palabra, requería de una reestructuración de las relaciones Norte-Sur (por ejemplo, en el comercio, especialmente la financiación de la deuda externa del sur, y las inversiones extranjeras directas), y que los cambios en las políticas nacionales no eran suficientes. Más allá de eso, los imperativos ecológicos y sociales no podían ser ignorados o dejados de lado mientras se producía el crecimiento económico. Y lo que es igualmente importante, la toma de decisiones a escala mundial ya no está libre del examen de la opinión pública. La participación sin precedentes de ciudadanos en el proceso de la CNUMAD y la distensión de las normas de procedimiento para esta conferencia de la ONU han convertido este momento en crucial para las Naciones Unidas – los gobiernos reconocieron las contribuciones de las ONG, mientras que los ciudadanos pudieron presenciar las posiciones e intereses de sus respectivos gobiernos.

En gran medida, la presencia y participación de las ONG, especialmente las del Sur, inclinaron la balanza de la relación desigual entre el Norte y el Sur. Las ONG pudieron articular las desigualdades estructurales de las relaciones económicas internacionales y dar a esta dimensión la misma importancia que a las preocupaciones ecológicas y sociales.

En las negociaciones de la Declaración de Río, el Norte, que comenzó con un orden del día fuertemente ambiental (que en forma tergiversada establecía que los problemas mundiales seleccionados eran predominantemente problemas del Sur) se vio enfrentado con el Sur, cuya preocupación era el desarrollo (especialmente de los países pobres) y temía que el tema del medio ambiente diera como resultado un nuevo condicionamiento de las relaciones internacionales.

En una entrevista concedida a la Red del Tercer Mundo, el vocero del Grupo de los 77, Tariq Hyder, dijo que era necesario ver la declaración como un paquete: "Cuando miramos el documento, no se trata de si una línea o una palabra no coincide con nuestros (respectivos) intereses nacionales. Deberíamos preguntarnos: ¿Estamos mejor con la declaración o sin ella? Esa es en última instancia la forma de considerar la declaración".

El resultado fueron 27 principios que, de acuerdo con el Presidente del Comité Preparatorio, el Embajador Tommy Koh, "forman paquete de delicado equilibrio, y todo intento de modificar una parte de la declaración puede desacomodar todo el paquete". Esta declaración fue realizada en las primeras horas del último día, cuando el deseo de casi todo el mundo era llegar a Río con un texto acordado.

Durante el plenario final, Estados Unidos hizo constar sus reservas con relación a los principios sobre el derecho al desarrollo y sobre las responsabilidades comunes pero diferenciadas por la degradación ambiental y las acciones correctivas. Israel protestó con vehemencia contra la inclusión de la responsabilidad por la degradación ambiental en territorios ocupados. Sin embargo, ante el apoyo de los demás países, ningún país bloqueó el borrador final.

El consenso final fue un paquete que todos los Estados podían "tolerar", y a pesar de que contiene muchos puntos débiles, la Declaración fue un avance efectivo en el debate mundial sobre el desarrollo sustentable.

La Declaración de Estocolmo de 1972 por primera vez vinculó medio ambiente y desarrollo, y puso el tema en el orden del día mundial. En gran medida, brindó las bases y el impulso para la creación de leyes ambientales nacionales en el Sur. Muchos países promulgaron su legislación ambiental y establecieron organismos o ministerios de medio ambiente como pasos para instrumentar sus compromisos expresados en la Declaración. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue uno de los resultados internacionales.

La Declaración de 1972, entre otras cosas, reconocía el derecho soberano de los Estados de controlar sus propios recursos, prohibía el traslado transfronterizo de actividades ambientalmente inadecuadas y convocaba a la formulación de leyes internacionales sobre responsabilidad y compensación para las víctimas de la contaminación. En 1974, la UNCTAD y el PNUD auspiciaron una reunión en Coccoyex, México que continuó explorando el nexo entre el desarrollo y el medio ambiente; se emitió otra declaración. Sin embargo, los vínculos con el desarrollo no eran aceptados por los principales países industrializados del Norte, especialmente los Estados Unidos, que en ese momento presionaron al secretariado del PNUD para suavizar el tema del desarrollo (Raghavan: 1992).

Las partes que participaron en la reunión de Coccoyex iniciaron entonces el proyecto no gubernamental Dag Hammarskjold que reunió a un gran número de importantes economistas del desarrollo del Norte y el Sur, auspiciados por algunos gobiernos del Norte de aquel momento. El resultado fue el informe de 1975 titulado "¿Y ahora qué?: Otro Desarrollo" argumentando que el desarrollo incorrecto del Norte y el subdesarrollo del Sur eran esencialmente imágenes de espejo. En su lugar resultaba necesario promover un modelo alternativo de desarrollo ecológicamente adecuado.

Sin embargo, los años del NOEI presenciaron la búsqueda del Sur de una reestructura económica internacional, prestando poca atención a la visión holística sobre medio ambiente y desarrollo. Al mismo tiempo, el Norte redujo el tema del medio ambiente a la "limpieza" de la contaminación (Raghavan: 1992).

La pérdida acelerada de bosques tropicales, el agotamiento del ozono y el calentamiento de la atmósfera del planeta captaron la atención pública y la atención de los gobiernos del Norte en los años 80. La formación de una Comisión Mundial para Medio Ambiente y Desarrollo reavivó las controversias entre el Norte y el Sur sobre medio ambiente y desarrollo. Se intentaba reconciliar ambas ideas a través del concepto "medio ambiente y desarrollo sostenible" en el Informe Brundtland de 1987. Su definición de "desarrollo sostenible" como el cumplimiento de las necesidades de la generación actual sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras ha sido citado muchas veces desde entonces. Pero en el informe no se trataba la reestructura de las relaciones económicas entre el Norte y el Sur, ni la necesidad de cambios fundamentales en los modelos de consumo y estilos de vida del Norte. En lugar de reconocer los límites de la tecnología, el informe definía la tecnología como la solución a muchos problemas ambientales.

Por otra parte, Maurice Strong, el Secretario General de la CNUMAD afirmó varias veces públicamente que el triunfo de Río se basó en un cambio radical en el pensamiento económico y actitudes públicas que llevan a un cambio en los estilos de vida y modelos de consumo.

De esta forma la CNUMAD desafió a la comunidad internacional, especialmente al Norte, a revisar las políticas económicas locales e internacionales a la luz de la crisis ambiental cada vez mayor que enfrenta la humanidad, mientras siguen creciendo las desigualdades entre el Norte y el Sur.

En consecuencia, la Declaración de Río intentó "basarse" en la Declaración de Estocolmo, un enfoque presentado por los países del Sur. El Grupo de los 77 y China argumentaron que los aspectos del desarrollo eran un movimiento progresista para avanzar desde Estocolmo. El Norte estaba preocupado porque algunos de los principios ambientales que habían apoyado con firmeza en Estocolmo quedarían diluidos en el proceso.

Especial controversia produjo el derecho al desarrollo, que incluye el impacto de las condiciones económicas desiguales actuales a escala mundial en las situaciones nacionales del Sur, y la convocatoria del Grupo de los 77 y China a reconocer que los países industrializados debían asumir la mayor parte de la responsabilidad de proteger el medio ambiente mundial, dado que eran los principales causantes de la crisis ambiental. Los Estados Unidos, Japón y otros pocos países industrializados inicialmente se negaron a aceptar el principio de "responsabilidad común pero diferenciada" impulsado con firmeza por el Sur.

La visión del Sur prevaleció en los temas del derecho al desarrollo y la responsabilidad diferenciada, que quedaron expresados en los Principios 3, 5 y 7. Un borrador mucho más débil y diluido del tema del consumo se puede encontrar en el Principio 8, donde el Sur también debió ceder incluyendo en el mismo principio el tema de la población.

Subyacente en la Declaración, la Agenda 21 y la CNUMAD como conjunto, estaba el concepto de "desarrollo sostenible". Utilizado en forma amplia y libre, existe poco o ningún acuerdo sobre su significado. Los gobiernos del Norte esencialmente entendían que el término significaba continuar con el crecimiento económico y el status quo en sus propias sociedades, y a la vez aceptar un crecimiento más lento en el Sur. Unos pocos de ellos aceptaron más asistencia para el desarrollo del Sur. Todos apostaban a la tecnología para una utilización más eficaz de los recursos naturales y la protección ambiental. El Sur consideró principalmente el desarrollo sostenible como un alto crecimiento económico sostenible, con mayor atención hacia el medio ambiente. En particular, los flujos económicos crecientes y la transferencia de tecnología desde el Norte, así como un aumento del acceso al mercado del Norte para los exportadores del Sur fueron cruciales para el desarrollo sostenible. Para los países más pobres, especialmente los menos desarrollados, la urgencia de la supervivencia básica eclipsó otras prioridades. La protección ambiental para estos países requirió de una ayuda externa todavía mayor y cambios estructurales en las relaciones internacionales.

Para la mayoría de las ONG, especialmente las del Sur, entre los puntos esenciales se incluían:

Enfoques holísticos de desarrollo que abarquen dimensiones económicas, ecológicas, sociales, culturales y éticas;

diferenciación en la determinación de las causas y soluciones de las crisis de ambientales y de desarrollo;

igualdad a nivel nacional para satisfacer las necesidades de los pobres y los menos privilegiados; igualdad intergeneracional e igualdad entre las naciones;

reestructura de las instituciones y relaciones económicas internacionales (Naciones Unidas, Bretton Woods, GATT/OMC);

eliminación de modelos de consumo y estilos de vida derrochadores e innecesarios;

promoción y difusión de tecnologías adecuadas, que reconozcan la riqueza de las tecnologías tradicionales del Sur;

contención y reducción de la libertad del mercado monopolista y las corporaciones transnacionales (Khor: 1992).

 

Los esfuerzos (y falta de acción) para instrumentar la Agenda 21 y la Declaración de Río, y las discusiones en las sesiones anuales de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible a partir de Río, revelaron un espectro continuo de puntos de vista diferentes, e incluso divergentes. Esto no resulta sorprendente si se considera que todo cambio auténtico hacia el desarrollo sostenible demanda cambios fundamentales y la reducción de los privilegios y poder de las elites políticas y económicas existentes.

Quizás el resultado más regresivo de la CNUMAD fue la imposibilidad de aplicar las normas internacionales para regular el poder y actividades de las corporaciones transnacionales (CT).

Según las estimaciones de las Naciones Unidas para 1991, las actividades de las CT abarcaban el 25% de los activos productivos del mundo, 70% de los productos comercializados mundialmente, 80% de las tierras de cultivo para exportación y la parte principal de las innovaciones tecnológicas del mundo industrial. Los activos combinados de las 300 corporaciones principales con sede en los países de la OCDE constituyen más del 25% de los activos productivos del mundo.

Las 500 corporaciones más importantes controlan alrededor del 70% del comercio mundial, el 80% de la inversión extranjera y el 30% del PIB mundial (aproximadamente 300 mil millones de dólares por año). Estas 500 empresas actualmente generan más de la mitad de las emisiones de invernadero que se producen en el mundo. Solamente la empresa Dupont controla más del 25% de la producción mundial de clorofluorocarbono (CFC).

Los 20 mayores fabricantes de plaguicidas controlan el 94% de las ventas mundiales de productos agroquímicos, unas pocas empresas químicas controlan la fabricación de casi todos los materiales tóxicos mientras que seis empresas controlan el 54% de la fundición mundial de aluminio. Solamente la empresa Cargill realiza el 60% del comercio mundial de cereales, unas pocas empresas determinan cuánto petróleo y gasolina se destina al transporte, y media docena de empresas comercializan casi la totalidad de los productos primarios.

El ex Centro de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales informó que las CT "controlan las acciones económicas y sociales de muchos países, determinan los gustos de los consumidores y los modelos de consumo".

Además, las CT también son notorias por transferir tecnologías peligrosas u obsoletas al Sur. De esta forma, por ser las usuarias mayores de materias primas, las productoras primarias de productos nocivos para el medio ambiente y la salud humana, y proveedoras de tecnologías inadecuadas y peligrosas, las CT son responsables en forma primaria por la destrucción ambiental en el mundo actual. Pero sus responsabilidades ambientales y de salud están lejos de ser proporcionales a su alcance y ganancias económicas mundiales.

Los movimientos de consumidores, de la salud y ambientales, y las comunidades locales víctimas han estado luchando en muchos países contra las prácticas ilegales y antiéticas de las empresas que dañan el medio ambiente y la salud humana. La investigación, los medios de comunicación alternativos, el intercambio de información entre las ONG en los distintos países, los boicots de consumidores, los litigios ante los tribunales, el lobby para obtener mejores leyes y políticas de regulación de las empresas a escala nacional –éstas y muchas más- han sido las actividades de las ONG. Pero no ha existido control real sobre las transnacionales y a partir de los años 80 de hecho se ha producido un proceso de retroceso. Las leyes de muchos marcos jurídicos nacionales se han debilitado.

Durante el proceso de la CNUMAD se pudo presenciar el desmantelamiento efectivo del único mecanismo intergubernamental que controlaba a las corporaciones transnacionales y sus dobles normas en términos de productos, tecnologías y comportamiento general: El Centro de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales (UNCTC). Esta medida también significó la desaparición de casi 15 años de trabajo sobre el Código de Conducta para las Corporaciones Transnacionales. Este Código intentó establecer los derechos y deberes de las CT y el derecho de los Estados a regular sus actividades. Según el Código, los países en desarrollo tenían el derecho a regular la entrada, establecimiento y funcionamiento de las CT, que tenían la obligación de respetar la soberanía nacional y los derechos ambientales y de la salud pública. En muchos aspectos, el propio Código era débil, dada la fuerte resistencia del Norte industrializado, pero ni siquiera eso resultaba aceptable para la industria.

Bajo la presión de Estados Unidos, Japón y otros gobiernos del Norte, el código fue archivado, y el propio UNCTC fue disuelto como parte de un ejercicio de reestructura de la ONU en febrero de 1992, justo antes del Comité Preparatorio IV. Esta sola acción del Norte dice mucho sobre el poder de las CT para moldear y determinar las posiciones de los gobiernos del Norte en las negociaciones internacionales. Esto vuelve a los gobiernos del Sur aún más indefensos en cualquier intento de regular la actividad de las CT en sus respectivos países.

No fue coincidencia que en el mismo momento en que desaparecen el UNCTC y el Código de Conducta, las CT estaban literalmente escribiendo nuevos acuerdos para las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, que les daría derecho a tratamiento nacional en países anfitriones, una expansión sin obstáculos en el sector de servicios, y la eliminación de la protección de los derechos de propiedad intelectual en cada país. El resultado fue la eliminación de los derechos de los Estados con relación a las CT.

Hubo una ausencia notoria de todo tipo de referencia al control y regulación de las CT en los borradores de la Declaración de Río, aunque el UNCTC (a petición de ECOSOC) había preparado cuidadosamente versiones borrador de principios en seis áreas:

Responsabilidades generales de las CT por el desarrollo sostenible;

la gestión del desarrollo sostenible por parte de las CT;

cumplimiento de las políticas ambientales, documentos y pautas por parte de las CT;

prevención de daños ambientales por parte de las CT;

transferencia de tecnologías ambientalmente adecuadas por medio de las CT;

rendición de cuentas e información sobre desarrollo sostenible.

En forma similar, se preparó también un conjunto amplio de recomendaciones para la Agenda 21. Nuevamente el Secretariado de la CNUMAD no las incluyó en los borradores de la Agenda 21. Ninguna de las propuestas del UNCTC fue distribuida para su consideración entre los delegados que asistieron al Comité Preparatorio IV (Khor: 1992). La Declaración de Río no expresa opinión, en tanto que la Agenda 21 contiene un capítulo titulado "Fortalecimiento del rol de la empresa y la industria".

La acción deliberada del Secretariado de la CNUMAD de presentar a las empresas comerciales como deseosas y capaces de autorregularse fue evidente, y produjo fuertes críticas por parte de las ONG durante el Comité Preparatorio IV. A comienzos del proceso preparatorio, se promovió la idea de un "sector independiente", como opuesto al sector gubernamental. Las ONG, en particular, rechazaron esta categorización que pondría al sector empresarial y a los intereses públicos y organizaciones de ciudadanos en un mismo grupo. La idea de que las corporaciones debían proyectarse como "independientes" también originó fuertes críticas. El secretariado entonces propuso el término "grupos principales" que incluía a las mujeres, los productores agrícolas, pueblos indígenas, ONG, parlamentarios, empresarios e industria. Dado que la Agenda 21 busca fortalecer el papel de los grupos principales en la obtención del desarrollo sostenible, la inclusión de las corporaciones de esta forma da como resultado el fortalecimiento de las CT (incluso su autorregulación) y la erosión del necesario control y regulación de esas entidades.

La promoción activa del Secretariado del Consejo Empresarial para el Desarrollo sostenible (CEDS), que incluía a los representantes de las grandes corporaciones, y la Carta voluntaria del Consejo fue una ofensa directa al trabajo del UNCTC, que había sido realizado de acuerdo a un mandato intergubernamental. También se hicieron esfuerzos para promover el establecimiento de consejos nacionales del sector empresarial en los países en desarrollo.

De esta forma, la CNUMAD fue una regresión en esta área crucial para desarrollo sostenible, y en su lugar, ahora se promovía a las corporaciones como "socias en el desarrollo sostenible". Los responsables por la creación y promoción de la cultura del consumidor esencialmente continúan llevando el consumo a niveles cada vez menos sustentabais, amenazando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud humana. A medida que las CT se vuelven cada vez más integradas y poderosas, también crece su influencia sobre las políticas gubernamentales en el Norte y el Sur. La economía de Ford es mayor que la de Arabia Saudita o Noruega. Las ventas de Philip Morris superan el producto bruto interno de Nueva Zelandia. A la vez, las CT promueven la autorregulación y muchas afirman estar capacitadas para darnos las soluciones para vivir de forma sostenible en este planeta, a menudo con más "milagros" tecnológicos o propaganda "verde". Por lo tanto, aunque las CT son responsables en forma primaria por la crisis ecológica actual, no existen mecanismos internacionales que controlen y regulen a las grandes empresas, y que aseguren que las mismas asuman su responsabilidad ante las normas legales y la opinión pública.

Esta sección es una descripción de las negociaciones de cada principio de la Declaración y una evaluación de los mismos.

El título "Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo" refleja que el consenso entre los Estados llevó este documento más allá de Estocolmo profundizando las zonas de contacto entre el medio ambiente y el desarrollo, y las dimensiones Norte-Sur de las relaciones internacionales. Esto fue el título que Malasia había propuesto en el Comité Preparatorio III para "reflejar de manera adecuada el vínculo entre el medio ambiente y el desarrollo" para "avanzar en relación con la Declaración de Estocolmo aprobada hace 20 años". Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Rusia estaban a favor del título "Carta de la Tierra", que sería un documento corto.

En un acuerdo el preámbulo establece el contexto para el funcionamiento de las partes fundamentales. En este documento, se incluyen cinco párrafos de preámbulo que establecen que la CNUMAD:

se reunió en Río de Janeiro (párrafo 1):

reafirmó la Declaración de Estocolmo y trató de "basarse en ella" (párrafo 2);

tuvo el objetivo de "establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas" (párrafo 3);

procuró alcanzar "acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del medio ambiental y de desarrollo mundial" (párrafo 4);

y reconoció "la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar" (párrafo 5);

El grupo de contacto había dejado esta parte sin resolver. Hubo discusiones generales pero no negociaciones reales sobre varias versiones presentadas por los distintos agrupamientos de países, aunque muchas propuestas importantes fueron incorporadas en el conjunto de principios. La posición del Grupo de los 77 y China fue que el preámbulo no era prioritario; era más esencial llegar a una formulación acordada de los principios que constituirían la sustancia de la declaración. Dado que muchos países desarrollados del Norte habían expresado claramente su preferencia por un documento corto e "inspirado", había temor entre las delegaciones del Sur, especialmente entre los países en desarrollo, de que esto llevara a no tratar los temas centrales necesarios que dieran contenido a la CNUMAD. Desde el punto de vista estratégico, se consideró que si se comenzaban las negociaciones por el preámbulo, esto consumiría la mayor parte del tiempo del grupo de trabajo, haciendo que el preámbulo terminara siendo el documento de Río. El Grupo de los 77 y China lograron conducir las negociaciones directamente a la sección principal, después de unas pocas horas de discusión general sobre los distintos textos del preámbulo.

El preámbulo resultante entonces fue formulado por el Presidente del Comité Preparatorio, después de realizar "consultas de pasillo" con las delegaciones claves. El párrafo 2 que reafirma la Declaración de Estocolmo, establece que la Declaración de Río intenta "basarse" en las formulaciones de Estocolmo, lo que constituye el puente a la actual formulación de principios, especialmente el Principio 2 sobre "el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo". Fue muy difícil plantear el tema de la soberanía porque los países del Norte afirmaron que ya estaba planteado en el Artículo 21 de la Declaración de Estocolmo, la cual que resultaría degradada al incluir ese principio modificado en esta declaración. El Sur mantuvo su posición de basarse en la Declaración de Estocolmo. Esto fue coherente con la posición del Grupo de los 77 y China, o sea, que los aspectos del desarrollo eran una forma progresista para avanzar en base a Estocolmo.

En lugar del enfoque poético e inspirado promovido por los países desarrollados, se llegó a acuerdo sobre el párrafo 3. El énfasis explícito en una "alianza mundial nueva y equitativa" es fundamental. En su intervención inicial sobre los principios que se debían considerar para esta carta/declaración, Malasia afirmó que este documento debía "reconocer las desigualdades actuales que atentaban contra los países en desarrollo ..." (Comité Preparatorio III, Ginebra, 20 de agosto de 1991).

El párrafo 4 fue formulado por el Grupo de los 77 y China, y reconoce que se estaba trabajando hacia la obtención de "acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial". Con esto se destaca otra vez que los acuerdos internacionales deben estar relacionados con el medio ambiente y el desarrollo. Teniendo en cuenta que las Convenciones sobre Cambio Climático y Biodiversidad se estaban negociando en procesos paralelos, el término "acuerdos internacionales" era en cierto sentido un reconocimiento del actual estado de cosas en que los vínculos entre la conservación y la protección ambiental, y el desarrollo y la economía se estaban discutiendo a fondo.

Existen varios sectores a escala mundial en los que son esenciales el consenso y acuerdo internacional. Hasta la fecha, el inicio y el orden del día de la negociación de documentos internacionales (legalmente obligatorios o de otro tipo) han estado determinados principalmente por los países desarrollados del Norte, ya sea en temas económicos (GATT y UNCTAD), políticos (Consejo de Seguridad) o de conservación y medio ambiente.

Por el contrario, al tomar una postura activa en las negociaciones de las convenciones de cambio climático y biodiversidad y los principio del bosque de la CNUMAD, el Sur triunfó en su intento de ampliar el alcance de las discusiones, poniendo sobre la mesa las preocupaciones fundamentales de los países en desarrollo. En varias ocasiones el Sur presentó contraobligaciones que debían ser asumidas por el Norte. En casi todos los casos, los países desarrollados se resistieron, demostrando su resistencia a aceptar un marco internacional que implicara compartir el peso de la responsabilidad.

Existen por cierto muchas áreas en el medio ambiente y el desarrollo donde sería de interés de los países en desarrollo impulsar acuerdos internacionales. Un ejemplo ampliamente aceptado fue la Convención de Basilea que prohíbe o restringe el comercio de varias categorías de desechos peligrosos, y posibles acuerdos futuros que prohíbe la exportación de químicos tóxicos prohibidos o de uso restringido. El tema crítico es que esos acuerdos puedan ser negociados y suscritos en forma justa, equitativa y transparente.

Las presiones de las medidas comerciales unilaterales también hicieron que el Sur tomara conciencia de la importancia de insistir en un consenso universal en el caso de acciones de naturaleza ambiental que pudieran tener efectos adversos sobre el comercio y otras actividades económicas.

Sin embargo, el preámbulo no logra abordar la causa original de la crisis ambiental y pobreza generalizada del Sur, o sea, el paradigma de desarrollo basado en el modelo económico del Norte. Resultaba evidente que el Norte no quería hacer cambios fundamentales a su modelo de desarrollo económico, y en consecuencia, el Sur mantuvo el mismo objetivo, ambos lados aceptando la retórica del medio ambiente. De esta forma, aunque era importante que hubiera un debate internacional sin precedentes sobre el consumo y producción no sostenibles, y la reiteración constante de la necesidad de integrar el medio ambiente y el desarrollo, el resultado final no fue una convocatoria clara a impulsar un cambio fundamental hacia principios de desarrollo económico ambientalmente adecuados.

La formulación del Grupo de los 77 y China afirmaba que "Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones ambientales y del desarrollo ..." Con esto se pretendía enfatizar que asegurar el bienestar de las personas es fundamental en cualquier país, y la protección del medio ambiente debe ser coherente con la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Se argumentó que esto no era contradictorio con las preocupaciones ambientales porque para asegurar el bienestar de la gente es necesario un medio ambiente sano.

Rusia y la Santa Sede apoyaron este principio. Sin embargo, hubo una gran resistencia de muchos países desarrollados: Australia, Austria, Canadá, la Comunidad Europea, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos querían eliminar este principio y colocarlo en el preámbulo. Argumentaron que esa formulación pone el medio ambiente en lugar secundario con relación a la explotación de los recursos naturales por los seres humanos, y no refleja en forma suficiente la importancia del medio ambiente como un valor a proteger en sí mismo. Muchas delegaciones destacaron la necesidad de reconocer la integridad de la naturaleza. El Grupo de los 77 y China hicieron énfasis en que las preocupaciones ambientales no tenían que ver solamente con la preservación de especies o modelos de ecosistemas específicos. Tenían que ver en realidad con las relaciones entre los seres humanos, entre la raza humana y la naturaleza, y entre naciones y pueblos a nivel mundial.

La formulación propuesta finalmente por el Presidente y aceptada en la Cumbre de Río utiliza el término "desarrollo sostenible" en lugar de "preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo". El proceso de la CNUMAD en sí mismo no asignó un significado definitivo para el término "desarrollo sostenible", pero a menudo se cita una definición que proviene del informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, o Informe Brundtland de 1987:

"Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades."

El Norte no estaba a favor de plantear el tema de la soberanía, pero el Grupo de los 77 y China lograron incluirlo. Fue preocupación de muchas delegaciones del Norte que la responsabilidad de los estados hacia el medio ambiente quedara diluida si se incluían las políticas del desarrollo. El Sur argumentó que su propuesta estaba basada en la Declaración de Estocolmo.

El derecho al desarrollo es un principio que el Sur consideró como uno de los principios más básicos para la Declaración. Los países desarrollados se opusieron con mucha fuerza a la inclusión del derecho al desarrollo hasta el mismo final de las negociaciones del Comité Preparatorio IV. El Sur adoptó una posición firme y esto condujo a una de las discusiones más estimulantes sobre el desarrollo desde el punto de vista intelectual durante las negociaciones.

El Grupo de los 77 y China habían propuesto lo siguiente:

"Se debe cumplir el derecho inalienable de los Estados y pueblos al desarrollo para satisfacer las necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras. La igualdad dentro de la generación presente tendrá en cuenta el daño ambiental causado en el pasado, así como las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presente y futura."

Rusia apoyaba la primera frase, pero quería eliminar la segunda. Todos los países industrializados del Norte pidieron la eliminación de todo el principio. Se plantearon varias alternativas en la mesa, que cubrían una amplia gama de preocupaciones contenidas en la propuesta del Grupo de los 77 pero sin el reconocimiento del derecho al desarrollo.

Holanda, hablando en nombre de la UE dijo que el desarrollo no puede ser ilimitado y que la relación compleja entre el desarrollo y la capacidad de la tierra era importante. El derecho al desarrollo planteado de esa forma sería inaceptable. La UE entonces propuso lo siguiente: "Los seres humanos tienen derecho a los beneficios de un desarrollo sostenible pleno."

En respuesta, el portavoz del Grupo de los 77 dijo que ningún gobierno podía negar que tenía compromisos tanto hacia la comunidad internacional como hacia su propio pueblo. Si se habla sobre límites al crecimiento y se mira cuánto se consume en Estados Unidos, y cómo por medio de la televisión la gente en todos los lugares tiene las mismas aspiraciones, ¿cómo se le dice a la gente pobre de los países en desarrollo que su derecho al desarrollo será recortado? Para millones de personas en el Sur, sus necesidades básicas todavía no están cumplidas, está en juego su supervivencia y esto necesariamente requiere que se contemple el tema del desarrollo. El Grupo de los 77 tenía la voluntad de modificar la formulación pero expuso argumentos persuasivos para que el derecho al desarrollo quedara expresado en forma explícita.

En este punto, los países nórdicos estuvieron de acuerdo en que este principio era uno de los centros de las discusiones de la Declaración, incluso de la propia Conferencia. El vocero de la UE, después de un largo intercambio con el Grupo de los 77, dijo que comprendía bastante al Grupo de los 77 y procedió a plantear dos preguntas: ¿Cómo serían compartidos en forma igualitaria los recursos disponibles? En segundo lugar: ¿Cómo se puede limitar el desarrollo? El desarrollo para la supervivencia era una cuestión, mientras que los límites al medio ambiente (por ejemplo, las cantidades de contaminantes que se pueden absorber) era otra.

Fue durante una de las muchas sesiones nocturnas a altas horas de la madrugada que se llegó a este punto de las discusiones: el Norte tenía claro temor de no poder acceder a una parte de los recursos del mundo suficiente para mantener su nivel de vida. El Sur estaba igualmente convencido de que el Norte ya había explotado y consumido su parte desproporcionada de los recursos, mientras que millones en el Sur todavía vivían en la pobreza absoluta. Para ellos, el derecho al desarrollo es básico.

La aceptación de la formulación final fue la primera vez en que el principio del derecho al desarrollo fue aceptado en forma universal.

Esta idea está tomada esencialmente de la Resolución 44/228 de la Asamblea General. El Norte se opuso a la última frase, "no podrá considerarse en forma aislada", con el argumento de que los temas ambientales quedarían subordinadas a las prioridades del desarrollo. La posición del Grupo de los 77 y China fue que al tomar medidas para la protección del medio ambiente, se debía considerar al mismo tiempo el tema del desarrollo.

Las formulaciones alternativas presentadas por varios grupos del Norte se centraban en la integración del medio ambiente y el desarrollo. Dado que la propuesta del Grupo de los 77 era en esencia la misma, la objeción del Norte no fue tenida en cuenta.

El principio 5 originalmente establecía que las necesidades espaciales y la situación de los países en desarrollo, su derecho a obtener su potencial económico pleno y la erradicación de la pobreza serían tenidos en cuenta totalmente en cualquier acción internacional relativa al medio ambiente y el desarrollo. Canadá, Japón, Rusia y los Estados Unidos querían eliminarlo. Algunos de ellos argumentaron que la formulación no era suficientemente mundial. Los países de Europa del Este y Rusia querían incluir las economías en transición. Estados Unidos propuso que los Estados debían considerar la situación especial y las necesidades de los países en desarrollo para la obtención un desarrollo sostenible y que los Estados con medios adecuados debían brindar asistencia tecnológica y financiera, según resultara adecuado. La CE presentó un principio diferente que incluía la lucha contra la pobreza, la eliminación o el evitar modelos de producción y consumo no sostenibles, y la formulación de políticas de población compatibles con el desarrollo sostenible.

Resultó interesante la propuesta de Japón estableciendo que la ayuda oficial para el desarrollo y la inversión extranjera directa debía considerar temas como la conservación del medio ambiente del lugar y el bienestar de los pueblos indígenas que vivían allí. Los observadores dijeron que esto pudo haber sido promovido debido a la crítica de todo el mundo a las compañías de explotación forestal japonesas que operaban en Sarawak, Malasia durante las negociaciones de la CNUMAD.

Las reservas de muchas delegaciones del Norte se debían principalmente a las negociaciones paralelas extremadamente difíciles sobre la financiación nueva y adicional para la instrumentación de la Agenda 21. Cualquier indicación en la propuesta de principios de la Declaración de que el Norte debía comprometerse con recursos financieros sería objetada.

El Principio 6 original propuesto por el Grupo de los 77 y China también trataba sobre la erradicación de la pobreza mediante la cooperación mundial. El Norte solicitó que fuera eliminado, por lo que quedó incorporado al Principio 5 en su formulación final.

El texto final aprobado capta la esencia de la cooperación Norte-Sur sin el compromiso de apoyo financiero o transferencia tecnológica, que eran los pilares del Grupo de los 77 en las negociaciones mundiales.

Cuando muchas delegaciones del Norte pidieron que este principio se borrara (originalmente fue el Principio 5), el Grupo de los 77 y China solicitaron que la situación especial y las necesidades de los países en desarrollo fueran incluídas en principios específicos cuando resultara pertinente. Como resultado, muchas de las mismas delegaciones del Norte sugirieron después que se formulara un principio general. Rusia sugirió que el principio se refiriera a las "preocupaciones especiales de los países con necesidades" a la vez que reconociera las necesidades especiales de los países menos desarrollados.

Algunos países en desarrollo sintieron que con esa formulación que hacía referencia a "todos los países con necesidades", dada la situación actual del mundo (Rusia, Europa del Este, etc.), los países en desarrollo quedaban en el último lugar de la lista, especialmente en relación con la asistencia financiera y la transferencia de tecnología en términos favorables. Entonces el concepto largamente elaborado de "la situación especial y necesidades de los países en desarrollo" se volvería carente de significado. Sería mejor no incluir ese principio en la Declaración, y no establecer el precedente de un concepto diluido. Otros sintieron con mucha fuerza que era un principio fundamental que debía ser incluido de cualquier manera.

El texto final fue formulado por el Presidente. La CE estuvo en contra de la frase "se deberá dar especial prioridad" pero todas las partes en última instancia aceptaron el compromiso.

Este es uno de los principios claves, dado que sienta las bases del reparto equitativo de las responsabilidades. El Grupo de los 77 y China habían propuesto antes un borrador mucho más fuerte, destacando y abogando por el concepto de responsabilidad y el impacto ambiental del consumo no sostenible. A partir de esa base, se hizo un llamado a la provisión de recursos financieros adecuados, nuevos y adicionales, y tecnologías ambientalmente adecuadas en términos preferenciales y de concesión por parte de los países desarrollados para permitir a los países en desarrollo la obtención de un desarrollo sostenible.

Esa formulación mucho más fuerte y explícita fue deliberadamente dejada sin negociar en las consultas informales, dado que el Grupo de los 77 se dio cuenta de que era inaceptable para los países desarrollados. Había una esperanza de que el tema fuera dejado para discutir en la propia Cumbre de Río. Sin embargo, el Presidente del Comité Preparatorio insistió en que debían llegar a un texto completo listo para la Cumbre. El mismo formuló un texto, basado en las diferentes propuestas, y este punto fue el más duro de los discutidos en las negociaciones finales "a puerta cerrada" entre los grupos reducidos, y llevó de 4 a 5 horas. Los países en desarrollo argumentaron que este principio estaba basado en la formulación de la Resolución 44/228 de la Asamblea General que ya había sido aceptada por todos los Estados.

La versión final incorpora el concepto de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", pero no hace mención a los modelos de producción y consumo no sostenibles del Norte (esto fue modificado y transformado en el Principio 8 en una forma drásticamente diluida) y sobre su responsabilidad histórica por la crisis ambiental actual. Se utiliza una formulación general, pero sigue siendo importante que la tercera frase declare que "Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen".

En las primeras etapas de las negociaciones, los países desarrollados del Norte (especialmente Estados Unidos y la Comunidad Europea) objetaron que se destacaran sus modelos no sostenibles de producción y consumo como las causas fundamentales de la degradación ambiental.

La Administración Bush fue especialmente vehemente en sus protestas contra la inclusión de los modelos de consumo y estilos de vida en la Declaración de la Agenda 21. Su afirmación de que "el estilo de vida estadounidense no se negocia" se volvió una de la citas más conocidas de la CNUMAD. Estados Unidos, a la vez que sostuvo que el consumo era "un problema de libertad y opción personal", presióno (junto con otros países del Norte) con fuerza al Sur para imponer políticas nacionales de reducción de la población, aun cuando resulta innegable que más del 70% de los recursos del mundo son consumidos por los países industrializados. Esta postura fue ampliamente criticada por las ONG y un número de delegaciones del Sur. Después de prolongadas negociaciones, el Norte accedió a abordar este tema a condición que se incluyera el tema población en el mismo principio. Presionaron para colocar al mismo nivel el crecimiento de la población como una causa de degradación ambiental. Por ejemplo, Estados Unidos propuso lo siguiente:

"Los Estados y pueblos deberían solicitar la eliminación o reducción de modelos no sostenibles de producción y consumo, y la disminución del ritmo rápido de crecimiento de la población".

Los países en desarrollo se opusieron, argumentando que ambos temas no podían ponerse al mismo nivel, especialmente cuando el 20% de la población (en los países desarrollados) consume 75% de los recursos del mundo. Culpar a la población, la mayoría de la cual está en los países en desarrollo, equivaldría a no atribuir una vez más la responsabilidad mayor a quienes en justicia corresponde, o sea, a los países desarrollados.

El Grupo de los 77 entonces acordó que si los países desarrollados insistían en incluir un principio relativo a la población, se requería aplicar un enfoque amplio, que tuviera en cuenta modelos de distribución espacial y migración de pueblos, además de las tasas de natalidad. Se debería formular un principio separado que abordara el tema de los modelos de consumo y producción. Después de una discusión intensa entre los negociadores del grupo de contacto del Grupo de los 77 y China, se llegó a acuerdo sobre la siguiente formulación, que se propuso al grupo general:

"En la búsqueda del desarrollo sostenible y una mayor calidad de vida para todas las personas, es importante abordar en forma integrada el tema de las políticas de población y migración como elemento constitutivo del desarrollo socioeconómico, que incluye la salud pública, la vivienda, la educación y la participación pública, salvaguardando al mismo tiempo la diversidad cultural, los valores ambientales y los derechos humanos".

La idea principal de este principio propuesto es que se no puede abordar el tema solamente en términos de números. Los factores demográficos deben ser considerados en conjunto, y es solamente mediante el aseguramiento de la seguridad socioeconómica (salud, educación, etc.) que las familias pueden planificar el número de hijos que quieren tener. La migración desde las áreas rurales a las zonas urbanas se presenta también como un factor importante porque en muchos casos las ciudades están superpobladas y el campo está subpoblado.

La formulación del Grupo de los 77 y China sobre el tema de la población no fue aceptada finalmente. El compromiso fue el término "promover políticas demográficas adecuadas". Los países desarrollados querían que la redacción fuera "reducir o eliminar modelos no sostenibles de producción y consumo" pero el Sur insistió en incluir la palabra "y", que impone sobre ellos una obligación mucho más fuerte.

Existe una conciencia creciente de que nuestros estilos de vida y niveles de consumo tienen una consecuencia directa sobre el medio ambiente. Los foros intergubernamentales reconocen cada vez más que el 20% de la población mundial, que vive en los países industrializados, consume alrededor del 80% de los recursos del mundo, y que esto es desigual y no sostenible. Varios países recientemente industrializados del Sur, que se están volviendo relativamente prósperos, también se encaminan hacia altos niveles de consumo en ciertos sectores de su población.

Dado que la mayoría de los recursos naturales del mundo son limitados, debemos examinar seriamente nuestros patrones de consumo. El consumismo verde ha invadido el mundo, y muchos de nosotros estamos ansiosos por buscar productos ambientalmente beneficiosos. Aunque es verdad que muchos productos se pueden fabricar de forma que resulte menos perjudicial para el medio ambiente, sigue sucediendo que se deben explotar cada vez más recursos naturales para alimentar las demandas crecientes. La industria de la publicidad, que es parte integrante del concepto de crecimiento económico en permanente aumento, envía un mensaje claro: Consuma más. Por lo tanto, debemos volver a orientar nuestro enfoque sobre el consumo, si somos honestos cuando hablamos de vivir en armonía con el medio ambiente.

Aunque la CNUMAD debería haber dado como resultado que cada estado aprobara acciones para reducir y eliminar sus modelos de producción y consumo, y que el Norte se hiciera cargo de su responsabilidad proporcional, el análisis de las negociaciones y del texto del Principio 8 y el capítulo pertinente de la Agenda 21, demuestra que la carga del ajuste está dirigida mayoritariamente a los países en desarrollo. Aún cuando debieran ser los países industrializados, principales causantes de la crisis ambiental, quienes asuman en consecuencia con la responsabilidad y carga proporcionales.

Los encendidos debates sobre los modelos de consumo fueron los primeros de ese tipo en el ámbito gubernamental, pero el producto final del Principio 8 es débil. Después de la CNUMAD, los países nórdicos y Holanda tomaron algunas iniciativas para instrumentar el capítulo pertinente de la Agenda 21, pero los demás países del Norte mostraron una clara falta de interés. Los propios ministros de medio ambiente más progresistas de los países nórdicos deben enfrentar obstáculos de los ministros de comercio y finanzas de sus países. Nuestro temor es que no haya cambios fundamentales en aquellos modelos económicos que ya se ha comprobado que son desastrosos. Además si los países ricos no se comprometen seriamente a un orden del día de cambio, los países en desarrollo se sentirán justificadamente como víctimas, lo que puede reforzar la acusación de que el medio ambiente no es sino una herramienta de los ricos para mantener a los países pobres en una posición de desventaja. En este callejón sin salida, el medio ambiente y la humanidad seguirán pagando el precio.

La capacidad endógena es un tema muy importante para el Sur. Al principio, este tema fue totalmente rechazado por los países desarrollados.

Algunos países se resistieron para evitar la adopción de compromisos que implicaran la transferencia de tecnología en términos de preferencia o concesión. Dado que la mayoría de las tecnologías, especialmente las nuevas e innovadoras, están en manos de la industria privada, se evitarán incluso las declaraciones sin obligatoriedad legal, si es posible. Otros países sintieron que la declaración no debería abordar los temas tecnológicos, que ya estaban tratatos en la Agenda 21. El Sur, sin embargo, afirmó que era un principio crucial que debía ser incluido. Japón finalmente auspició una formulación junto con el Grupo 77 y China, que fue aceptada.

Este principio surgió esencialmente de la combinación de las formulaciones del Grupo de los 77 y China y la Unión Europea. Estados Unidos fue muy expansivo en este tema, presentando una lista de derechos específicos, reflejo de su situación interna. La CE y los países nórdicos también propusieron una formulación que establecía el derecho a la información, a la participación en los procesos de toma de decisiones, y el acceso a procedimientos judiciales y administrativos.

Muchos miembros del Grupo de los 77 y China no estaban conformes con la formulación de los derechos. De esa forma el resultado tiene calificaciones: la participación se dará "en el nivel que corresponda"; las personas tendrán "acceso adecuado a la información". Sin embargo, fue Estados Unidos quien solicitó que el acceso a la información se limitara a la información que está en manos de las "autoridades nacionales", con lo que no se asegura que los ciudadanos puedan acceder a la información que está en manos de la industria.

Este fue originalmente el Principio 13 propuesto por el Grupo de los 77 y China. Los países del Norte en general no estuvieron a favor.

El tema de las normas es un dilema. Por un lado, las ONG y algunos gobiernos criticaron mucho las prácticas de doble norma de las CT en las áreas de calidad ambiental, salud humana y condiciones de trabajo, y la práctica de reubicar en el Sur los productos e industrias nocivos prohibidos o sujetos a control estricto en el Norte. Por otro lado, el Sur, que está en la misma rutina del desarrollo industrial, a menudo se ve forzado a minimizar costos de producción y maximizar incentivos de inversión externa. Esto lo lleva a asumir compromisos sobre normas y prioridades ambientales y de salud. A medida que aumenta la competencia comercial entre el Norte industrializado y algunos países recientemente industrializados del Sur, crece el temor legítimo de que los imperativos ambientales y laborales sean violados por el Norte para mantener su ventaja comercial. Esto se comprobó durante las discusiones posteriores a la CNUMAD sobre comercio y medio ambiente sostenidas en la Organización Mundial del Comercio/OMC, y también se refleja en las normas de comercio y trabajo en proceso.

El texto final es positivo, dado que convoca a los Estados a promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Toma en cuenta las preocupaciones legítimas del Sur, junto con los Principios 14 y 15, y también aborda los impactos negativos de las dobles normas en la protección del medio ambiente y la salud.

Este principio fue tema de largas negociaciones, en las que se expresó la profunda preocupación del Sur por las medidas comerciales unilaterales impuestas por Estados Unidos; los países productores de madera tropical en particular estaban amenazados por restricciones de importación desde Europa. El temor de que las consideraciones ambientales pudieran ser utilizadas como una nueva forma de condicionamiento para restringir el comercio era una de las principales preocupaciones de los negociadores del Sur.

El principio es una buena reflexión sobre las contradicciones entre el desarrollo sostenible (que es en sí mismo un concepto sujeto a varias e incluso conflictivas interpretaciones) y el crecimiento económico convencional y el comercio creciente.

Aunque también es una reflexión auténtica sobre la realidad de las relaciones comerciales internacionales actuales. La amenaza frecuente y/o el uso de sanciones comerciales unilaterales por parte de Estados Unidos en los último años, que llevaron a la terminación de las conversaciones de la Ronda Uruguay del GATT (simultáneamente con las negociaciones de la CNUMAD), dieron lugar a un temor generalizado entre los países del Sur, e incluso un poco en el Norte. La medida del Parlamento australiano de restringir las importaciones de madera tropical (retirada posteriormente ante las protestas del gobierno malayo) y la política holandesa de importación de madera "producida en forma sostenible" dentro de unos pocos años también causó alarma entre los países exportadores de madera.

Por eso no fue una sorpresa que este principio fuera sometido a extenso debate, primero en el grupo de contacto abierto y luego en las negociaciones finales. El Grupo de los 77 y China recurrieron a los principios aprobados sobre medio ambiente y comercio resultantes de la UNCTAD VIII de Cartagena. Estados Unidos prometió que no se utilizarían medidas ambientales como formas de proteccionismo comercial.

La formulación final es un texto simplificado, pero incluye una preocupación fundamental para el Sur, o sea, las acciones unilaterales de los países desarrollados basadas en la preocupación ambiental sobre los temas ambientales de los países en desarrollo.

Pero las complejidades más amplias del vínculo entre el comercio y el medio ambiente deben ser resueltas no solamente en el marco del seguimiento de la CNUMAD, sino lo que es igualmente importante, en los foros comerciales.

Se debe destacar que Argentina insistió en que se debía incluir un principio sobre el comercio de productos agrícolas, a la luz de la producción agrícola altamente subsidiada de la CE y Estados Unidos, que distorsiona el mercado y es perjudicial para el medio ambiente. Pero ese punto no fue negociado, y finalmente la propuesta fue descartada (ver Principio 16 en el texto de compilación).

Este principio refuerza la Declaración de Estocolmo. Este principio abarcaría los casos de lluvia ácida, contaminación del agua de los ríos que corren a través de más de un estado, y derrames de petróleo. Sin embargo, las leyes sobre responsabilidad e indemnización no han evolucionado mucho desde Estocolmo, de ahí la inclusión de una convocatoria más fuerte en la Declaración de Río. Se debe destacar que las negociaciones en el marco de la Convención de Basilea sobre responsabilidad tampoco están progresando demasiado, debido principalmente a la reticencia de los países industrializados que son los principales generadores de desechos peligrosos.

Los países desarrollados se resisten a dar su apoyo al tema de la responsabilidad y la indemnización. Australia, Canadá, la CE y Estados Unidos no querían que se incluyera este principio tal como fue propuesto por el Grupo de los 77 y China. Esta argumentó que 20 años después de la Declaración de Estocolmo, que estableció por primera vez el principio de responsabilidad e indemnización por daño ambiental, no se han tomado medidas para la creación de leyes en esta área. La primera frase del Principio 13 relativa a las leyes nacionales no estaba en la Declaración de Estocolmo, y fue un agregado del Grupo de los 77 y China. La India estuvo a favor de esta postura porque en el período posterior a Bhopal, la falta de legislación nacional adecuada hacía difícil asignar la responsabilidad a la Union Carbide. En esa tragedia, en la cual murieron miles de personas y una gran cantidad quedaron heridas, la empresa se negó a revelar los componentes del gas cuando se produjo el escape, alegando que era un secreto industrial, y en consecuencia los médicos locales no pudieron prescribir ningún tratamiento en las secuelas inmediatamente posteriores al incidente.

El Grupo de los 77 y China también querían extender el daño más allá del daño ambiental e incluir el daño humano y económico. Esta postura se debió principalmente a la experiencia de destrucción masiva causada en la Guerra del Golfo, cuando las tropas de Estados Unidos invadieron Irak. Se argumentó que ese daño socavaba el desarrollo sostenible. Como era de esperar, esto fue resistido por los países del Norte y se acordó que en su lugar se utilizaran las palabras "efectos adversos de los daños ambientales". Todavía es posible interpretar que esto incluye algo más que el daño ambiental en sí mismo.

La convocatoria a los Estados para que cooperaran de forma "más decidida" en la creación de nuevas leyes internacionales sobre este tema fue redactada por el Presidente del Comité Preparatorio.

La conciencia cada vez mayor de que la planificación ambiental es un componente esencial de la formulación de políticas de desarrollo y de la planificación de proyectos, dio como resultado la creación de varias leyes y normas a nivel nacional. Imponer la responsabilidad sobre los infractores que contaminan el medio ambiente y asegurar la indemnización para las víctimas de daños ambientales también son aspectos esenciales de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. El principio "el que contamina paga", incorporado en el Principio 16 es un pequeño paso hacia adelante. Con respecto a este punto, se deben revisar cuidadosamente las cuestiones relativas al locus standi (posición para presentar acciones legales), el peso de la prueba, los períodos de limitación y recursos efectivos, para asegurar que las víctimas de los daños ambientales puedan obtener reparación y recursos eficaces.

Al mismo tiempo, la naturaleza transfronteriza de casi todos los problemas ambientales también exige la evolución hacia reglamentaciones y normas regionales e internacionales que puedan asignar en forma eficaz y equitativa la responsabilidad entre los estados. Sin embargo, hay pocos signos de progreso en esta área.

Este es un principio importante sobre el cual se pueden formular leyes internacionales que regulen las prácticas de "doble norma". También debería llevar a la creación leyes nacionales que prohíban la exportación de productos prohibidos a otros países.

La reubicación de sustancias, productos, industrias/tecnologías y residuos peligrosos y tóxicos fue una gran preocupación de la CNUMAD. Además de las negociaciones para incluir un principio sobre este tema en la Declaración de Río, también se hicieron esfuerzos para tratar este tema en la Agenda 21. Sin embargo, la propuesta de algunos países liderados por Malasia para incluir en la Agenda 21 una prohibición de la exportación de residuos nucleares fue rechazada por unos pocos países poderosos. También fue rechazada, en particular por Estados Unidos, otra convocatoria a elaborar un documento con obligatoriedad legal para evitar el tráfico internacional ilegal de productos tóxicos y peligrosos.

El principio "el que contamina paga" y la evaluación del impacto ambiental como herramienta nacional también se incluyen en los Principios 16 y 17 respectivamente. Son importantes para reafirmar el Principio 14.

Los países desarrollados no estaban a favor de este principio porque las dobles normas habían sido una práctica constante de sus corporaciones transnacionales (CT). Estados Unidos incluso llegó a decir en el grupo de contacto que se debía respetar la soberanía, o sea, si un país elige tener normas más bajas, ¡está en su derecho! Pero si las CT tienen la capacidad y la tecnología para salvaguardar el medio ambiente y la salud pública, entonces deben aplicar las mismas normas en todos los lugares en los que operan. Se sabe que la reubicación de actividades se practica, entre otras razones, para reducir costos de producción (incluso gastos ambientales).

El Grupo de los 77 y China habían propuesto originalmente dos principios redactados con mucha fuerza:

"Considerando que la mayor parte de los contaminantes que se emiten al medio ambiente, incluyendo residuos tóxicos y peligrosos, se originan en los países desarrollados, estos países deben ser responsables por combatir dicha contaminación y asegurar que los residuos tóxicos y peligrosos, incluyendo organismos modificados genéticamente peligrosos y residuos radiactivos, sean procesados en las proximidades del lugar donde se producen" (Principio 10, texto de compilación);

"Las medidas tomadas por un país específico para reducir o controlar actividades y proyectos nocivos para el medio ambiente no producirán el desplazamiento y transferencia de dichas actividades o proyectos a otro país" (Principio 15, texto de compilación).

Malasia había expresado su preocupación en el Comité Preparatorio III

"... considerando el rol importante de la industria, especialmente de las corporaciones transnacionales, debería haber medidas que aseguren que las corporaciones transnacionales que operan en los países en desarrollo cumplan con su responsabilidad especial en la protección ambiental y el desarrollo sostenible". (Ginebra, agosto de 1991).

Las formulaciones originales eran más fuertes, y cubrían una amplia gama de residuos peligrosos, incluyendo OMG (Organismos Modificados Genéticamente) y residuos radiactivos. Ahora ya no se hace mención a los residuos, pero se podría interpretar que "sustancias" incluye residuos. También se perdió la convocatoria clara a los países desarrollados para que procesen sus residuos en casa. De hecho el Norte quería que ambos principios propuestos fueran borrados. Después de extensas negociaciones, se llegó a acuerdo sobre el actual Principio 14.

Este principio es crucial. Por ejemplo, durante los últimos años se ha producido una rápida expansión de la producción de productos agroquímicos en la región del Pacífico de Asia. Los países en desarrollo, por lo tanto, están ingresando en el gran negocio de la exportación de químicos. Esto significa, efectivamente, un aval del uso de químicos y la introducción de industrias potencialmente peligrosas en la región. Este cambio en la inversión extranjera debe ser controlada a la luz de un control y regulación cada vez más estrictos de las industrias químicas en los países industrializados. A la vez que el Sur ha tenido que intentar resolver la descarga de productos y residuos tóxicos, ahora también estamos vulnerables a la entrada de industrias y tecnologías peligrosas. El ex Centro de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales publicó un informe de investigación en 1991 que reveló que la mayoría de las tecnologías que existen en los países industrializados son de naturaleza peligrosa. De ahí se concluye que la mayoría de la tecnología transferida a los países en desarrollo también es peligrosa para el medio ambiente y la salud humana.

Este temor se ve reforzado por el incidente infame del Banco Mundial, que creó un escándalo internacional. Un memorando interno del Banco Mundial escrito por Larry Summers, que en ese momento era Asesor Económico en Jefe, y uno de los Vicepresidentes del Banco, argumentaba que el Banco debía financiar la reubicación de industrias contaminantes en los países menos desarrollados. Se consideraba que esto era eficaz en función de los costos; los países eran tan pobres que cualquier beneficio económico sería positivo; y por último, ¡los niveles de contaminación en esos países todavía eran tan bajos que ese aumento de la contaminación no sería tan malo! Actualmente, Summers es un alto funcionario de la Administración Clinton.

De esta forma los inversores extranjeros deben estar sujetos a un sistema regulatorio que los vigile estrechamente para evitar prácticas de doble norma. La tecnología de tratamiento de residuos, por ejemplo, es muy cara en muchos países industrializados, y ésa fue una de las razones principales para la exportación de residuos peligrosos a los países en desarrollo en los años ochenta. La Convención de Basilea sobre el traslado transfronterizo de sustancias peligrosas finalizó a fines de los ochenta, y entró en vigencia con el número requerido de signatarios en mayo de 1992. Esta convención exige la reducción de residuos en la fuente como una obligación primaria de los estados firmantes. Los países importadores deben poseer la tecnología apropiada a la vez que se requiere el consentimiento informado previo de dichos países. En este momento, las negociaciones internacionales para explicar los detalles de los procedimientos de consentimiento informado previo están avanzando en forma muy lenta. Los observadores consideran esto como una reticencia extrema por parte de ciertos países desarrollados a imponer reglamentaciones sobre la exportación de sustancias peligrosas a los países en desarrollo.

En 1994, las Partes de la Convención de Basilea, con un fuerte impulso de los países del Sur, modificaron las disposiciones pertinentes para eliminar el pretexto que permitía la exportación de residuos peligrosos en nombre del reciclaje. Se acordó la prohibición de todas las exportaciones desde la OCDE, ante las fuertes objeciones de Estados Unidos.

El principio de precaución fue aceptado en las negociaciones del capítulo de la Agenda 21 sobre la gestión ambientalmente racional de los productos químicos tóxicos, en el momento en que el grupo de la Declaración comenzó sus discusiones. Con las crisis de calentamiento mundial y agotamiento del ozono como contexto de las negociaciones de la CNUMAD, hubo presiones de los Estados para que se aprobara este principio, aunque hubo algunos países que se opusieron.

La preocupación de la mayor parte de la legislación ambiental ha sido principalmente el establecimiento de normas "aceptables" sobre la contaminación de efluentes agrícolas, aguas residuales y residuos industriales, así como contaminantes del aire.

A la vez que este concepto de control de la contaminación continua funcionando, la prevención se torna cada vez más importante dado que hay cada vez más evidencias de que gran parte del daño ambiental que se produce actualmente es irreversible.

Los países nórdicos y Estados Unidos querían incluir medidas y enfoques preventivos, pero esta posición no fue apoyada por los demás países.

Los países del Norte promovieron los mecanismos de mercado como herramienta principal de gestión ambiental, en la que los costos ambientales eran internalizados en la fijación de precios de productos y servicios. Como parte de esto, debía incluirse el principio "el que contamina paga". El Grupo de los 77 y China fueron cautelosos, argumentando que no había consenso internacional sobre este principio. La UNCTAD VIII había discutido herramientas económicas que se podrían utilizar para integrar medio ambiente y desarrollo, y resultaba necesario examinar el tema. Una vez más, estaban preocupados de que este principio tuviera como resultado otra carga para los países en desarrollo. Por ello, propusieron un texto que calificara la internalización de los costos ambientales, para asegurar que el proceso sería controlado a escala nacional, sin obstaculizar el crecimiento económico de los países en desarrollo o poner en peligro su posición competitiva en el mercado internacional. Alemania y Estados Unidos se vieron frustrados por la moderación del principio "el que contamina paga". Nueva Zelanda y Rusia afirmaron que el principio podía ser absorbido en algún otro lugar y que no necesariamente debía figurar por separado. Finalmente se llegó a un compromiso.

Los debates sobre este principio reflejaron nuevamente las complejidades de la c